La ecología política y la construcción histórica de vulnerabilidades en el contexto indígena-rural mexicano: la epidemia de cólera en Chiapas, 1991-1997

Introducción

Este artículo analiza la construcción histórica de vulnerabilidades socioambientales en Chiapas y su articulación con la epidemia de cólera ocurrida a finales del siglo XX, desde la perspectiva de la ecología política. La investigación se inscribe en la línea de los estudios sobre salud pública, ambiente y desigualdad, y busca mostrar la influencia que ejercen los procesos históricos y las relaciones de poder en la configuración de vulnerabilidades y riesgos sanitarios. El trabajo también dialoga con la literatura sobre justicia ambiental, y pretende contribuir a la comprensión de cómo las condiciones estructurales y las dinámicas territoriales inciden en la exposición diferencial frente a las epidemias.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, la epidemia de cólera en México inició en 1991 y terminó en 2001, ya que ese año se presentó un último caso confirmado en Jalisco para este periodo; no obstante, según datos de la misma dependencia, en Chiapas los brotes se produjeron entre 1991 y 1997 (Dirección General de Epidemiología, 2025). El cólera es una infección intestinal aguda caracterizada por una diarrea intensa que puede provocar deshidratación severa; su agente causal es la bacteria Vibrio cholerae, la cual produce una toxina cuyos efectos son la pérdida masiva de agua y electrolitos. Es importante el tratamiento de rehidratación oportuno, ya que en los casos graves se puede llegar al estado de shock hipovolémico e incluso a la muerte en pocas horas. La vía de transmisión más común durante una epidemia es el consumo de agua o alimentos contaminados con heces.

Se seleccionó Chiapas como caso de estudio porque sus condiciones históricas y socioambientales constituyen un ejemplo paradigmático de vulnerabilidad frente a enfermedades gastrointestinales. La complejidad de su historia se expresa en conflictos territoriales, procesos de despojo y extractivismo, así como en altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad. Estos factores han configurado un escenario donde el acceso a recursos básicos –como agua potable y saneamiento– es limitado, lo que incrementa el riesgo ante las epidemias. Aunque Chiapas no registró la mayor incidencia durante la epidemia de cólera a finales del siglo XX, sí se ubicó entre los estados con cifras más altas. Esta situación, sumada a sus características estructurales y territoriales, lo convierte en un espacio idóneo para aplicar el enfoque de la ecología política, que permite mostrar cómo las relaciones de poder, los modelos de desarrollo y la distribución desigual de recursos están directamente relacionados con la producción social de vulnerabilidades.

La pregunta de investigación que guió este estudio es: ¿cómo se articularon las vulnerabilidades históricamente construidas en Chiapas con la epidemia de cólera a finales del siglo XX, y qué procesos socioambientales explican esta relación desde la ecología política? El argumento central sostiene que la epidemia de cólera no puede entenderse únicamente como un fenómeno biológico, sino como un proceso socioambiental y multifactorial, inscrito en la interrelación entre desigualdades históricas, políticas de desarrollo y dinámicas territoriales.

Con el fin de desarrollar y sustentar este argumento, el artículo se organiza en tres secciones. La primera presenta algunos fundamentos teóricos de la ecología política, como los conceptos de deuda ecológica, racionalidad económica y desigualdad ambiental, propuestos por Enrique Leff y Joan Martínez Alier, además de una breve descripción que sitúa el contexto latinoamericano y mexicano en el marco de las dinámicas socioambientales de las últimas dos décadas del siglo XX. La segunda analiza la interacción entre los diversos procesos históricos –latifundismo, ganadería expansiva, perforación petrolera y explotación forestal– que configuraron vulnerabilidades en Chiapas, especialmente la desigualdad en el acceso al agua y el drenaje, la pobreza estructural y la marginación indígena (que se reflejan en indicadores como la mortalidad infantil y la prevalencia de enfermedades prevenibles), el despojo territorial y el abandono institucional. A la luz de lo expuesto en los primeros apartados, la tercera sección explica el desarrollo de la epidemia de cólera en Chiapas mediante el contraste entre diversas fuentes hemerográficas y oficiales. Finalmente se reflexiona acerca de la interrelación entre los conflictos socioambientales, las vulnerabilidades socialmente construidas y la epidemia de cólera.

El artículo se sustenta en el análisis documental y crítico de fuentes primarias provenientes del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, del Centro Único de Información y Archivo Histórico “Ignacio García Téllez” del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Archivo General de la Nación; materiales hemerográficos de la Hemeroteca Nacional de México y de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada;² así como en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Consejo Nacional de Población y de la Dirección General de Epidemiología. También se incorporan fuentes secundarias como bibliografía y hemerografía especializadas en ecología política, salud pública e historia agraria y conflictos territoriales en Chiapas, y otras que rescatan testimonios comunitarios.

Las fuentes, seleccionadas por su pertinencia temporal (con un énfasis en el periodo 1991-1997 correspondiente a la epidemia de cólera, si bien hay otras que dan cuenta de los antecedentes históricos que permiten comprender los procesos socioambientales que configuraron las vulnerabilidades de la región) y temática (salud pública, vulnerabilidad estructural y conflictos territoriales), se interpretan desde la ecología política como evidencia de la manera en que las relaciones de poder, los modelos de desarrollo y la distribución desigual de recursos se articularon con la producción social de vulnerabilidades y con la reemergencia del cólera.

El análisis de los datos de la epidemia se realizó a partir de la incidencia, entendida como el número de casos nuevos de una enfermedad registrados en una población durante un periodo específico, generalmente expresado por cada 100,000 habitantes. Las gráficas, los mapas y las tablas de elaboración propia se construyeron con base en la información proporcionada por la Dirección General de Epidemiología, en el Anuario de morbilidad 19842024. Los datos se obtuvieron mediante las consultas de incidencia de cólera por grupo de edad y entidad federativa de 1991 a 1997; casos de cólera por mes de ocurrencia en los mismos años; casos de cólera por fuente de notificación y casos de cólera por grupos de edad en el mismo periodo. No obstante, la fuente presenta una limitante relevante: la información se encuentra agregada únicamente a nivel estatal y no especifica el municipio de procedencia. Esta característica impide analizar el impacto de la epidemia en municipios rurales o con población indígena, un enfoque que habría enriquecido significativamente el estudio.

El número de casos de cólera disponibles en esta base de datos corresponde a los informes hechos a partir del formato de notificación semanal EPI-1-85, forma oficial de notificación individual de casos nuevos de enfermedad en México, creado en 1985. Este documento era un formato impreso, llenado por el médico y enviado físicamente a la jurisdicción correspondiente para luego ser procesado a nivel estatal y nacional, y así conformar las estadísticas epidemiológicas oficiales. Es importante tomar en cuenta que, México, a diferencia de la mayoría de los países en América, adoptó una definición estricta para clasificar los casos de cólera, ya que exigía que todos fueran confirmados mediante estudios de laboratorio; otros países tenían criterios más amplios que incluían el diagnóstico clínico (Koo et al., 1997: 89).

La ecología política y el contexto latinoamericano

La séptima pandemia de cólera inició en Indonesia en 1961 y llegó a América treinta años después. En 1991 se presentaron los primeros casos en Perú. A la llegada de esta pandemia, la región latinoamericana vivía procesos de intensa transformación social y política. Desde los años ochenta se habían ido gestando movimientos sociales de resistencia ante las políticas neoliberales, y entre ellos hubo algunos específicamente indígenas y campesinos con profundas raíces ancladas al territorio −entendido como espacio producido socialmente−; por ejemplo, los seringueiros en la Amazonía brasileña, las comunidades negras en el Pacífico colombiano, los zapatistas en la Selva Lacandona y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina en Guatemala.

Al tiempo que se gestaban estos movimientos, cobraba fuerza una ecología política en el contexto latinoamericano, cuyo desarrollo en la región estuvo asociado a una realidad social y territorial particular, si bien se nutrió de los enfoques estadounidenses.³ Enrique Leff, reconocido por sus aportes teóricos a la ecología política, dijo que a esta disciplina:

… le conciernen no solo los conflictos de distribución ecológica, sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado. […] Es un campo que aún no adquiere nombre propio; por ello se le designa con préstamos metafóricos de conceptos y términos provenientes de otras disciplinas para ir nombrando los conflictos derivados de la distribución desigual y las estrategias de apropiación de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios ambientales (Leff, 2003: 2).

Tanto en la teoría como en las prácticas militantes, a partir de 1990 se fue articulando el concepto de “deuda ecológica” para denunciar el intercambio desigual entre países del Norte y del Sur, y señalar que la riqueza de los países desarrollados estaba construida sobre la explotación de los recursos naturales del Sur global. El concepto fue introducido por Joan Martínez Alier en el marco de la economía ecológica y la justicia ambiental, para referirse al pasivo histórico acumulado por los países industrializados debido a la explotación desigual de recursos naturales y la transferencia de costos ambientales hacia el Sur global (Martínez Alier, 2000: 110). Enrique Leff retomó este concepto desde la ecología política, dotándolo de un sentido epistemológico y cultural, ya que además de implicar un desequilibrio material, significaba la imposición de una racionalidad económica que despojaba saberes locales y deterioraba la sustentabilidad territorial:

La deuda ecológica pone al descubierto la parte más grande y hasta ahora sumergida del iceberg del intercambio desigual entre países ricos y pobres; es decir, la destrucción de la base de recursos naturales de los países llamados subdesarrollados, cuyo estado de pobreza no es consustancial a una esencia cultural o a su limitación de recursos, sino que resulta de su inserción en una racionalidad económica global que ha sobreexplotado a su naturaleza, degradado a su ambiente y empobrecido a sus pueblos (Leff, 2003: 26).

En 1991, la revista británica The Ecologist publicó una editorial que a la vista de sus lectores fue un indicio de radicalización de su discurso político ante la preocupación de sus editores por la crisis del entonces llamado “Tercer Mundo”. El autor escribió:

En el Sur, la conexión íntima entre la crisis ecológica y las cuestiones más amplias de la justicia social y económica se presenta de forma clara […]. Sus bosques son cortados por compañías cuyo único interés es sacar la mayor fortuna financiera […]; sus ríos son frenados por pantanos o polucionados a fin de promover un desarrollo industrial que no les beneficia; sus tierras confiscadas para plantar cultivos que se exportarán al Norte, sus vidas cotidianas oprimidas por la deuda, la insolvencia y, a menudo, la opresión política (citado en Hildyard, 1991: 2).

En el caso de México, pueblos indígenas y campesinos de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre otros −que en conjunto conformaban lo que Guillermo Bonfil Batalla llamó el “México profundo” (1994: 8)−, vivían las consecuencias de las desigualdades heredadas del modelo de desarrollo; y resistían el avance de proyectos extractivistas, la contaminación de su entorno y la privatización de los recursos naturales. Además, padecían enfermedades vinculadas a la falta de acceso a agua potable, drenaje y servicios básicos de salud, contexto que fue agravado durante la epidemia de cólera en México (1991-2001).

Enrique Leff ha sostenido que la racionalidad económica dominante, al priorizar el crecimiento ilimitado y la eficiencia en términos de mercado, ha provocado procesos de degradación ecológica, exclusión social y ciclos de pobreza que comprometen la sustentabilidad de la vida (Leff, 2019: 27,33). Asimismo, esta visión se complementa con el concepto de distribución ecológica propuesto por Joan Martínez Alier, quien ha argumentado que los costos ambientales del crecimiento económico recaen de manera desproporcionada sobre las comunidades más empobrecidas y racializadas⁴ (Martínez Alier, 1995: 6).

En este marco, las últimas décadas del siglo XX estuvieron atravesadas por una globalización económica que mercantilizó la naturaleza y profundizó tanto la degradación ambiental como la homogenización cultural y la exclusión social, al asentarse en una “racionalidad hegemónica homogeneizadora que deja fuera el valor de la diversidad cultural” (Leff, 2019: 72-73), reforzando así la subordinación histórica de las poblaciones marginadas.

Al respecto, en 1994 el Subcomandante Marcos escribió: “en México, el sistema social entero se funda sobre la injusticia en sus relaciones con los indios. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es ser indio, con toda su carga de humillación, de hambre y de miseria” (Subcomandante Marcos, 1994). Esta cita permite ver cómo la opresión denunciada era interseccional, ya que los pueblos indígenas no vivían la injusticia ambiental de forma aislada, sino superpuesta con otros tipos de discriminación en un contexto de colonialismo, racismo y clasismo.

Esta lógica de exclusión estructural se reproducía también en otras esferas, como el acceso a la salud. En el marco de la globalización, México −y en general, América Latina− vivieron una reestructuración profunda de sus sistemas de salud bajo el influjo de políticas neoliberales promovidas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas reformas, aplicadas desde finales de los años ochenta, se centraron en la privatización de servicios, la descentralización administrativa y la reducción del gasto público en salud (Akin, 1987).

En lugar de fortalecer el derecho universal a la atención médica, se consolidó un modelo de mercado que subordinó la salud a la lógica de eficiencia financiera y rentabilidad. Como resultado, se profundizaron las brechas de acceso, especialmente en comunidades indígenas y rurales, donde la infraestructura sanitaria era precaria y el personal médico escaso, y se debilitó la capacidad del Estado para responder a emergencias sanitarias como la epidemia de cólera.

Procesos históricos y configuración de la vulnerabilidad socioambiental en Chiapas

De acuerdo con Aaron Bobrow-Strain (2015), en Chiapas la producción latifundista era el conjunto de prácticas relacionales que habían dado un orden particular al espacio y al territorio, y de igual forma, la explotación de la tierra siempre había estado configurada por luchas en torno a la territorialidad de las fincas. Bobrow-Strain señala que la producción latifundista en Chiapas se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando millones de hectáreas fueron deslindadas y privatizadas, los pobladores indígenas se vieron rápidamente despojados de sus derechos sobre la tierra y fueron obligados a trabajar como peones en las fincas agrícolas. Esta forma de producción se estableció sobre formas de dominación agraria preexistentes; desde la época colonial, el sistema de encomiendas y posteriormente las haciendas ya habían establecido formas de concentración de tierras y control sobre la mano de obra indígena. Si bien estas estructuras no constituían latifundios en el sentido moderno, sí sentaron las bases para la apropiación territorial y la subordinación social que caracterizaría al régimen finquero porfiriano.

El autor sugiere que, en ese periodo, la configuración de las relaciones sociales y el territorio se caracterizó por un aislamiento forzado logrado a base de complejas maniobras superpuestas, la servidumbre por deudas y el alcoholismo, así como rituales de paternalismo. Esto último se refiere a las prácticas sistemáticas cargadas de simbolismo que buscaban disfrazar el control social de cuidado y protección, en las que se reproducía el supuesto carácter infantil y dependiente de los indígenas, y la autoridad moral de los finqueros; además, los dueños de las fincas no solo ostentaban el poder económico por tener la propiedad de la tierra, sino que su dominio se basaba en una estructura de poder integral que moldeaba la vida de las comunidades (Bobrow-Strain, 2015: 31).

Posteriormente, los proyectos posrevolucionarios articularon nuevas y eficaces formas de territorialidad indígena; por un lado, el reparto agrario fue más una estrategia de contención que una transformación estructural, y los antiguos terratenientes conservaron poder mediante adaptaciones políticas y simbólicas. Los finqueros cedieron tierras para evitar conflictos, pero no las más productivas, y participaron como gestores-simuladores de la reforma. Por otro lado, a pesar de esto, las comunidades indígenas comenzaron a construir espacios de autonomía relativa, organizándose en comités agrarios y ejidos que les permitieron disputar el control territorial y político desde abajo. Esta reorganización no solo implicó la recuperación parcial de tierras, sino también el surgimiento de nuevas autoridades indígenas que intentaban desafiar el orden establecido (Bobrow-Strain, 2015: 138-139).

Más adelante, las últimas décadas del siglo XX vieron el giro en la configuración espacial de la mano de la producción ganadera y la exacerbación de los conflictos por la tierra en Chiapas. A finales de la década de 1960 y especialmente en la de 1970, caracterizada por el crecimiento poblacional urbano, el Estado inició un proyecto encaminado a reorganizar la producción en el campo mexicano, el cual buscaba promover la ganadería con la intención de abastecer de carne de res a la fuerza productiva industrial en crecimiento (Bobrow-Strain, 2015: 161). En esa época comenzaba a ser tangible la crisis alimentaria y, por primera vez, México dejaba de ser autosuficiente en ese aspecto. En la Selva Lacandona, principalmente en las zonas norte y centro, muchos campesinos fueron despojados de sus tierras por latifundistas ganaderos; en otras regiones, como Los Altos y El Soconusco, las tierras estaban acaparadas por cafetaleros. Aprovechando la oportunidad de la demanda de carne, y con ayuda de influencias y corrupción, surgió un renovado sector capitalista ganadero conformado, algunas veces, por funcionarios públicos y sus familias, a la vez que, para mantener segura a una masa de votantes, también se hicieron algunas expropiaciones de tierras a “expolíticos caducos” y otros caciques, que fueron repartidas entre campesinos que demandaban la tierra (Rutsch, 1980: 159).

La demanda de tierras había ido en aumento porque, además de la crisis alimentaria, en esa época se conjuntaron otros factores: el fin del Programa Bracero (1942-1964) con los Estados Unidos; el colapso de las industrias algodonera y henequenera ante la comercialización de fibras sintéticas –que dejó desempleados a muchos jornaleros– (Mackinlay, 2004: 131), y específicamente en Chiapas, la aparición de nuevos agentes políticos, los partidos de izquierda y los sacerdotes católicos promotores de la teología de la liberación, que en conjunto fomentaron las demandas radicales de los indígenas con respecto a su derecho a la tierra (Bobrow-Strain, 2015: 31-32).

De acuerdo con Mechthild Rutsch (1980: 159), la producción ganadera extensiva en México durante las últimas décadas del siglo XX se caracterizó por ser una práctica elitista orientada a conseguir la máxima ganancia posible, ya que se sustentaba en la explotación de los ecosistemas naturales (libre pastoreo, sin mejoras tecnológicas, sin sembrar zacates para alimentar al ganado y con muy poca mano de obra). Esto quiere decir que requería una gran cantidad de espacio y recursos naturales para la producción (pastizales y agua); deforestaba, degradaba y erosionaba los suelos; contaminaba el agua y comenzaba a generar una importante cantidad de gases de efecto invernadero, lo que propiciaba la pérdida de biodiversidad y la alteración del ciclo del agua (Pérez Espejo, 2008: 64 y 66).

Además de la ganadería y el cultivo de café, otras actividades que contribuyeron a la degradación ambiental y la construcción de vulnerabilidades en el estado de Chiapas fueron la perforación y explotación energética por empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pobladores de Ocosingo denunciaron ante periodistas de la revista Proceso que históricamente a sus comunidades se les culpaba del deterioro ambiental y se habían enfrentado a restricciones severas en cuanto a la tala de árboles y la caza de animales; sin embargo, señalaron que las referidas empresas, además de otras trasnacionales eran las responsables de que, de las 1.5 millones de hectáreas que conformaban la selva originalmente, quedara solo una tercera parte (Correa & Monge, 1991: 17).

Por ejemplo, en la construcción del pozo Ocopal Uno, Pemex había excedido el área pactada y los habitantes estaban preocupados por la fertilidad del suelo y la seguridad alimentaria, ya que Pemex tenía proyectado construir cuatro pozos más en zonas donde estimaba había yacimientos de petróleo. En la entrevista para Proceso, un campesino declaró: “… si es cierto ¿qué vamos a hacer?, ¿qué va a pasar con nuestros hijos?, porque sabemos que cuando se saca petróleo todo queda pobre de una vez. No crece maíz, ni frijol, mucho menos zacate para los caballos. ‘Qué mejor que hubiera’, nos dicen los gobiernos. Sí, para ellos qué mejor, pero para nosotros qué peor” (Correa & Monge, 1991: 19).

En 1992, el Subcomandante Marcos denunció la desigualdad ambiental y el extractivismo en Chiapas. En su escrito, “Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía”, indicó que había en el estado 86 pozos de Pemex en los municipios de Estación Juárez, Reforma, Ostuacán, Pichucalco y Ocosingo, los cuales extraían cada día 92 mil barriles de petróleo y 516.7 mil millones de pies cúbicos de gas. Escribió: “… se llevan el gas y el petróleo y dejan, a cambio, el sello capitalista: destrucción ecológica, despojo agrario, hiperinflación, alcoholismo, prostitución y pobreza” (Subcomandante Marcos, 2001: 24).

La explotación maderera, de caoba, amate y cedro tropical principalmente, era otra actividad de alto impacto para el ecosistema. Este proceso de transformación socioambiental se había intensificado desde el siglo XIX, con compañías como la Bulnes Hermanos (de origen asturiano) y con la empresa británica El Águila que, además de la extracción petrolera, también tuvo intereses forestales. En el siglo XX la actividad aumentó: en la década de 1950 llegó la empresa estadounidense Vancouver Plywood Company, la cual creó una filial en México, la Maderera Maya S.A., por medio de la cual se apropió de 420 mil hectáreas de selva; debido a la invasión de terrenos por parte de indígenas sin tierras, esta compañía decidió vender una parte de su propiedad a latifundistas ganaderos de Ocosingo y el resto a la Weiss Fricker Mahogany Company, de Florida, la cual creó la empresa Aserraderos de Bonampak S.A., para la extracción de maderas. Después, en la década de 1970, a través de Nacional Financiera, el Estado fundó la Compañí a Forestal de la Lacandona S.A. y compró Aserraderos de Bonampak, con lo que daba fin a la explotación forestal privada; sin embargo, institucionalizó el extractivismo de la selva y dio lugar a desplazamientos y conflictos por el territorio, ya que uno de los objetivos no declarados de la compañí a era acabar con la colonización indígena no dirigida (García, 2000: 186-191).

Finalmente, los campesinos también denunciaron ante la prensa que la expansión de ranchos ganaderos, vinculados a cadenas globales de consumo, había contribuido a la deforestación masiva, mientras que redes ilícitas de tráfico de animales, maderas y drogas operaban con impunidad. Este era un complejo contexto para los ejidatarios, cuyas palabras para el reportero de Proceso fueron: “… estamos abandonados hasta de Dios”, una expresión que reflejaba la desprotección institucional y la violencia estructural que enfrentaban en sus comunidades (Correa & Monge, 1991: 19). Ana Carrigan rescató en el epílogo de Nuestra arma es nuestra palabra los números del extractivismo que denunciaban los zapatistas:

Chiapas es el octavo estado más grande de México y uno de los más ricos en recursos naturales. Tiene aceite, gas, madera y energía hidroeléctrica. Tres grandes embalses producen el 55% de la electricidad de la nación [de origen hídrico] […] y la producción de aceite y gas natural da cuenta respectivamente del 21% y 47% de la producción nacional. Su producción de café le sitúa en primer lugar en todo el país y su industria de carne en segundo lugar. Es también el segundo productor más grande de maíz, plátanos, miel, melones, aguacates y cocoa, todo dirigido a la exportación (Subcomandante Marcos, 2001: 444).

De acuerdo con Maristella Svampa:

… en nombre de la ideología del progreso, las comunidades allí asentadas [en grandes extensiones de territorios ‘improductivos’] aparecen invisibilizadas, las economías regionales devaluadas o sus crisis exacerbadas, a fin de facilitar el ingreso de otros modelos de desarrollo, que terminan convirtiéndose en agentes de ocupación territorial. Estos procesos de devaluación se potencian en regiones tradicionalmente relegadas (Svampa, 2019: 40).

Esta observación, que la autora hace para regiones como la Patagonia argentina y la Amazonia, es aplicable también a Chiapas. El abandono institucional podía verse reflejado en las cifras oficiales de acceso a agua potable y drenaje en la entidad. Según datos del “Censo General de Población y Vivienda 1990”, 41% de las viviendas contaba con drenaje. Por un lado, este dato, que ya muestra una baja cobertura, debe leerse con cuidado, ya que de ese total de viviendas con drenaje, 12% estaba conectado a fosa séptica y 5% desaguaba directamente a suelos, ríos o lagos; esto último indica que no existía un adecuado saneamiento y más bien ponía en riesgo la salud ambiental y humana.

Por otro lado, entre municipios las diferencias en el acceso a servicios básicos eran extremadamente marcadas (véase la gráfica 1). Los municipios con mayor porcentaje de drenaje (Tuxtla Gutiérrez, Reforma, Tapachula, Tonalá y San Cristóbal de las Casas) superaban 64% de cobertura, lo que indica una infraestructura básica más desarrollada, mientras que los municipios con menor porcentaje (San Juan Cancuc, Chanal, Chalchihuitán, La Independencia y Mitontic) tenían menos de 3% de viviendas con drenaje, lo que evidencia un rezago extremo y falta de acceso a servicios básicos.

Fuente: Elaboración propia con datos del “Censo General de Población y Vivienda 1990”.

Para estimar el índice de marginación absoluto en 1990, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) utilizó información del Censo General de Población y Vivienda de ese año; seleccionó nueve indicadores que reflejan carencias estructurales en educación, vivienda, servicios básicos, condiciones laborales y dispersión territorial. Estos indicadores fueron: el porcentaje de población analfabeta de 15 años o más, y el porcentaje de población sin primaria completa de 15 años o más; el porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra; el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo; sin disponibilidad de energía eléctrica, y sin disponibilidad de agua entubada; el porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento; el porcentaje de población que residía en localidades con menos de 5,000 habitantes, y el porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. En 1990 Chiapas tenía el índice de marginación absoluto más alto del país (53.72), mientras que el Distrito Federal tenía el más bajo (15.05). Tales condiciones estaban estrechamente relacionadas con su exposición diferencial a riesgos sanitarios como las enfermedades gastrointestinales, incluido el cólera. En el mapa (gráfica 2) se observa la distribución geográfica de este fenómeno en México; al norte se encuentran los estados con menor índice de marginación, mientras que en el sur se concentran las entidades más marginadas: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO (2004: 31).

Para ilustrar la distribución territorial de la marginación en México, se presenta a continuación la tabla 1, que compara el número de municipios por entidad federativa según su grado de marginación en 1995. Destaca el caso de Chiapas, que ese año concentraba el mayor número de municipios con alto grado de marginación, reflejo de las condiciones históricas de pobreza, exclusión y rezago social que afectaban especialmente a sus comunidades indígenas y rurales.

En todo el país había 14 millones de campesinos sin tierra. No obstante, frente a los procesos de despojo territorial y exclusión estructural, las comunidades indígenas y campesinas no permanecieron pasivas sino que desarrollaron estrategias como la ocupación de predios federales o privados; ello no solo ocurrió en Chiapas, sino que fue una acción generalizada en todo el país para hacer frente a las políticas institucionales que favorecían la existencia de latifundios. Este fenómeno fue más visible a partir de 1977, cuando, durante el gobierno de José López Portillo, el Fondo Monetario Internacional ejerció presiones para privatizar las tierras con mayores potenciales para la industria agraria en México. La propuesta del Ejecutivo consistía en permitir la asociación entre ejidatarios, pequeños propietarios y capitales privados, tanto nacionales como extranjeros (Corre la Voz, 1991: 6).

Algunos intentos se realizaron, al tiempo que el discurso oficial señalaba que ya no había más tierras para el reparto ejidal, y grupos de campesinos reaccionaron invadiendo terrenos. Tan solo en la Huasteca hidalguense 312 predios fueron tomados ese año, y para 1980, campesinos de diversas facciones políticas se habían posesionado de casi 70 de las fincas más grandes de la zona centro y norte de Chiapas. A partir de 1977 la invasión de tierras fue tipificada como delito federal, y hubo campañas policiales y militares en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí. La represión era tal, que al periodo de 1976 a 1983 se le ha llamado “populismo sangriento” (Bobrow-Strain, 2015: 159; Corre la Voz, 1991: 6).

En 1980, en Golonchán, Chiapas, tuvo lugar una de las masacres más significativas para el movimiento zapatista. Este hecho alimentó el sentimiento de injusticia y la necesidad de organización autónoma entre los pueblos indígenas, que luego se canalizaría en la conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (Bobrow-Strain, 2015: 157-160). Esta organización se fundó en 1983 en Las Cañadas de la Selva Lacandona, y se mantuvo clandestina hasta su levantamiento público el 1 de enero de 1994; estaba basada en el agrarismo de Emiliano Zapata y en las corrientes anarquista, marxista y de teología de la liberación. Se justificaba como respuesta al abandono estatal, la marginación, la falta de acceso a la tierra, la salud y la justicia.

Martínez Alier identifica tres corrientes ecologistas: la primera es el culto a la vida silvestre (se basa en la biología de la conservación y fomenta la creación de parques nacionales o reservas, por ejemplo); la segunda es la que llama “ecoeficiencia” (ya que busca modernizar la economía y hacerla “verde” sin dejar de crecer), y la tercera es el ecologismo de los pobres (o de justicia ambiental). A diferencia de las primeras, que han surgido en contextos de clase alta y occidentales, la tercera corriente surge desde las luchas sociales por la supervivencia y la justicia ambiental, no desde la conservación de la naturaleza por sí misma ni desde una visión tecnocrática del desarrollo sostenible. El ecologismo de los pobres se ha vinculado a movimientos sociales, indígenas, campesinos o urbanos que luchan por el uso del agua, así como el acceso a los bosques y, en general, buscan aminorar las desigualdades. “Los actores de tales conflictos muchas veces no utilizan un lenguaje ambiental, y esta es una de las razones por las que esta tercera corriente del ecologismo no se identificó hasta los años ochenta” (1995: 31).

Mientras tanto, la crisis del sector agrícola seguía intensificándose. Durante la administración de Miguel de la Madrid, los empresarios más liberales representados en el Consejo Nacional Agropecuario (una corporación independiente fundada en 1984), comenzaron a exigir al gobierno una menor intervención del Estado en el ámbito productivo, y traspasar muchas de sus funciones a la iniciativa privada, especialmente la administración del riego. Posteriormente, ante el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986 (GATT por sus siglas en inglés), los empresarios se organizaron para pedir reducción de aranceles en los insumos para la producción y cambios a la Ley Federal de la Reforma Agraria; querían que la ley permitiera el arrendamiento de tierras ejidales pero no su privatización (Mackinlay, 2004: 133-134).

La tan esperada reforma agraria vio la luz en 1992. Esta consistió en dar por terminado el reparto ejidal, permitir la transferencia de los certificados de derechos agrarios y crear la pequeña propiedad individual con límites de acuerdo con el uso de suelo, con un máximo de entre 100 y 300 hectáreas para uso agrícola, dependiendo del tipo de cultivo; de hasta 300 hectáreas para uso ganadero, y de hasta 800 hectáreas en caso de tierras forestales (para la explotación de bosques y selvas) (Secretaría de la Reforma Agraria, 1992).

El proceso de transformación del régimen de propiedad social en México después de 1992 implicó una reconfiguración profunda del artículo 27 constitucional, que afectó no solo la tenencia de la tierra, sino también el acceso y control sobre recursos estratégicos como el agua y los minerales. Las reformas a la Ley Agraria, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Minera facilitaron la mercantilización de bienes antes considerados de uso común o propiedad social. El agua dejó de ser un bien público y comenzó a ser concesionable a empresas. Además, el acceso a este recurso no dependía ya de la propiedad de la tierra, lo que despojaba a las comunidades de su gestión (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1992).

Por su parte, la Ley de Minería (Secretaría de Economía, 1992) priorizó la extracción de los minerales sobre cualquier otro uso del suelo, incluyendo la propiedad ejidal, comunal o privada. El aprovechamiento de los minerales dejaba de ser un bien público y podía concesionarse a cualquier empresa mexicana o extranjera, por periodos de hasta 50 años que podían ser prorrogables a 100; la Ley no contemplaba impuestos especiales o responsabilidades ambientales, era altamente permisiva y buscaba fomentar la inversión privada. Este conjunto de reformas al artículo 27 se presentaron estratégicamente en un contexto previo a la firma del Tratado de Libre Comercio.

De acuerdo con Horacio Mackinlay (2004: 135-136), durante la administración salinista la transformación del régimen de propiedad social se llevó a cabo de forma radical y fue más lejos de lo que habían esperado los empresarios. La apertura comercial sucedió casi al mismo tiempo que la reforma agraria, y tuvo consecuencias alarmantes para los productores de granos básicos, especialmente para los pequeños, aunque también para los grandes empresarios. La ganadería se vio igualmente afectada por la apertura comercial, con excepción de algunas subramas específicas dedicadas a la exportación.

En este tiempo el EZLN logró extenderse a otras regiones de Chiapas gracias a la formación de células político-militares y campamentos. El 1 de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el EZLN tomó varias cabeceras municipales en Chiapas. Desde la radiodifusora oficial de Ocosingo los dirigentes leyeron la Primera Declaración de la Selva Lacandona, en la que manifestaron pública y formalmente la intención de iniciar un conflicto armado contra el Estado mexicano; sus demandas eran “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (Primera Declaración de la Selva Lacandona, 1993).

La voz de los disidentes cobra sentido si se revisan las estadísticas de salud registradas en la década (tabla 2). A pesar de los posibles problemas de subregistro en los datos oficiales, estos permiten visualizar que el estado de Chiapas presentaba una de las tasas más altas de mortalidad infantil⁵ a nivel nacional, así como una notable prevalencia de enfermedades prevenibles.

En 1990, la tasa de mortalidad infantil era de 50.7 por 1,000 nacidos vivos (mientras que el promedio nacional era de 36.2) (INEGI, 2001: 68), y la segunda causa de morbilidad, tan solo después de las enfermedades respiratorias, eran las clasificadas como “otras infecciones intestinales y las mal definidas”, con una incidencia de 1,431.8 por cada 100,000 habitantes (SUIVE, 1994).

De acuerdo con el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), esta categoría se basa en la clasificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión) y agrupa varias afecciones en las que el patógeno no está claramente identificado o no se incluye en las categorías más específicas y que se registran individualmente, como cólera, amebiasis o giardiasis. Sugiero que el alto número de casos registrados en este rubro está relacionado con el abandono institucional de la salud en el estado, la poca capacidad de las herramientas para el diagnóstico, además de que es posible que en esta categoría se hayan incluido casos no diagnosticados o no registrados como cólera. De cualquier forma, estos indicadores epidemiológicos reflejan la existencia de problemas estructurales graves en el estado, en cuanto a marginación, pobreza y deficiencias en la infraestructura sanitaria y el sistema de salud.

En una entrevista para el periódico comunista italiano L’Unità, en San Cristóbal de las Casas, el Subcomandante Marcos declaró: “los indios siempre han vivido en guerra porque la guerra, hasta hoy, ha sido siempre contra ellos […] mientras que ahora […] en todo caso, tendremos la oportunidad de morir combatiendo y no de disentería como mueren normalmente los indios chiapanecos” (Subcomandante Marcos, 1994). Esta declaración tenía una fuerza simbólica y política si consideramos que en 1994 la epidemia de cólera ya había afectado gravemente al estado de Chiapas. En 1997, la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales en ese estado era la más alta del país (23.9 por cada 100,000 habitantes), casi el triple de la media nacional (7.8) (SSa, Dirección General de Estadística e Informática, 1998: 523).

La epidemia de cólera en Chiapas

Como he expuesto hasta aquí, en la frontera sur de México las condiciones sanitarias ya eran precarias antes de la llegada del cólera en 1991. Además, los campamentos de refugiados, donde convivían mexicanos y extranjeros, generalmente centroamericanos, carecían de servicios básicos, lo que exponía a sus habitantes a diversos riesgos epidemiológicos. El recrudecimiento de la guerra civil en Guatemala provocó un aumento en el flujo migratorio hacia Chiapas, tanto de personas en busca de asilo como de trabajadores temporales que llegaban cada año durante la cosecha del café, la caña, el plátano, la papaya y otros productos de las plantaciones. Por ejemplo, un informe de 1985 estimaba que más de 220,000 centroamericanos residían en Chiapas, de los cuales 90,000 se empleaban en la pisca de café. Esta alta movilidad poblacional, sumada a la falta de infraestructura sanitaria, creaba un escenario propicio para la propagación de enfermedades infecciosas.⁶

En este contexto, la llegada del cólera a Chiapas en 1991 generó respuestas contradictorias por parte del Estado y los medios de comunicación. Mientras algunos diarios difundían discursos xenófobos que advertían sobre el supuesto riesgo de que los migrantes introdujeran la enfermedad al país, el entonces secretario de Salud, Jesús Kumate Rodríguez, subestimaba públicamente el peligro. En declaraciones recogidas por el diario El Día, aseguró que “la insalubridad de algunas poblaciones ubicadas en la frontera sur de México no hará peligrar la estrategia para impedir la entrada del cólera a territorio nacional”, y descartó que existiera un riesgo latente de epidemia (Flores, 1991).

Sin embargo, en paralelo, se filtró a la prensa un documento interno del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva, de los Servicios Coordinados de Salud Pública, titulado “Control de la enfermedad del cólera”, que alertaba sobre la ausencia de puestos de sanidad internacional en la frontera sur, y advertía a las unidades médicas sobre el riesgo de contagio derivado del constante movimiento migratorio. Ante esta situación, autoridades locales como Víctor Camacho Talavera, director de la Jurisdicción Sanitaria de la Sierra de Chiapas y el Soconusco, comenzaron a prepararse para una posible contingencia en municipios fronterizos como Suchiate, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Cacahoatán y Unión Juárez, donde se reforzó la capacidad hospitalaria y se distribuyeron medicamentos (Ruiz, 1991).

El estado de alerta comenzó a intensificarse en los medios de comunicación conforme se difundían reportes sobre la situación sanitaria en Guatemala. El Centro Exterior de Servicios Informativos de este país dio a conocer un informe del Ministerio de Salud guatemalteco en el que se advertía sobre la “inminente llegada del mal durante los próximos días” (Castillejos, 1991). La preocupación se centraba en la alta vulnerabilidad de la población; se dijo que, de los 9.5 millones de habitantes, 82% vivía en condiciones de pobreza extrema, especialmente las comunidades indígenas asentadas cerca de la frontera con México. El gobierno de Guatemala anunció una inversión de diez mil dólares para la producción de suero de rehidratación oral, lo que evidenciaba la urgencia de prepararse ante la inminente llegada del cólera. Estas noticias, reproducidas por la prensa mexicana, contribuyeron a instalar la percepción de que la epidemia ya no era una amenaza lejana, sino una realidad que se aproximaba rápidamente a la frontera sur.

Hacia finales del mes de abril, y en adelante, las declaraciones de las autoridades federales fueron adquiriendo otro matiz; por ejemplo, Jaime Sepúlveda, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), dijo que las posibilidades de que el cólera se presentara en el Distrito Federal eran muy remotas ya que en esta ciudad se contaba con servicio de potabilización de agua. Sin embargo, señaló que debían extremarse precauciones en las zonas marginadas del país, especialmente el sureste; también aceptó que la epidemia de cólera era un problema más grave de lo que se esperaba para América Latina (Reyes, 1991). Por su parte, en una reunión en Campeche, Jesús Kumate dijo algo que contrastaba con sus declaraciones anteriores: “… los cordones sanitarios son ineficaces para detener la entrada del cólera a México”, y trató de alentar a la población a tener confianza en las medidas tomadas por las instituciones (Chávez, 1991).

A principios de mayo, las medidas que la SSa convino que tendrían que ponerse en marcha ante los primeros casos eran, en orden de importancia: potabilizar el agua de bebida, evitar el riego de hortalizas con aguas negras, informar los mecanismos de transmisión, vigilar los niveles de cloro en los 287 sistemas de agua potable del país y en los camiones cisterna, examinar con regularidad los sistemas de drenaje de ciudades susceptibles en búsqueda de Vibrio cholerae, así como instalar laboratorios regionales de salud pública para fortalecer el control sanitario de alimentos y bebidas en seis ciudades específicas: Tapachula, Mérida, Oaxaca, Tampico, Culiacán y Tijuana.⁷

Mientras tanto, la administración sanitaria mexicana también respondía a las recomendaciones internacionales emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, basadas en el Reglamento Sanitario Internacional (Organización Mundial de la Salud, 1983). En los puestos aéreos y marítimos, se implementaron medidas de vigilancia para pasajeros provenientes de países afectados, especialmente Perú. La detección de casos sospechosos se realizaba mediante interrogatorios, observación de síntomas y el llenado voluntario de la “Tarjeta de vigilancia del cólera”, que debía enviarse a la Dirección General de Epidemiología en la ciudad de México. En casos con síntomas compatibles, se tomaban muestras rectales para el aislamiento de Vibrio cholerae, las cuales eran remitidas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para su análisis y eventual confirmación.⁸ Paralelamente, ante la importancia económica del turismo, se reforzaron inspecciones sanitarias en hoteles, restaurantes y balnearios, con especial atención a la calidad del agua y los alimentos de origen marino.⁹

Documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que presta servicios a los trabajadores de instituciones privadas y sus familias, revelan que, antes de la llegada del cólera a México, una de las hipótesis más plausibles sobre su posible ruta de ingreso señalaba a la frontera sur como el punto de inicio de los brotes, particularmente en Tapachula, Chiapas, por el constante movimiento migratorio, y se consideraba que el cólera podría seguir la ruta de difusión de la epidemia de dengue.¹⁰ Esta afirmación resulta cuestionable, dado que el cólera se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados, mientras que el dengue es una enfermedad viral propagada por la picadura del mosquito Aedes aegypti; no obstante, es probable que debido a la combinación de diversos factores sociales y ambientales, ambas enfermedades pudieran afectar las mismas zonas geográficas. La migración de poblaciones vulnerables entre fronteras para el trabajo temporal en las plantaciones, la falta de saneamiento, las condiciones precarias de trabajo y vivienda se sumaban a los efectos de la temporada de calor y lluvias intensas, ya que las inundaciones favorecían la proliferación del mosquito, al tiempo que podían contaminar las fuentes de abastecimiento de agua para beber.

Para sorpresa de todos, la SSa notificó oficialmente que el primer caso se había reportado el 17 de junio de 1991 en la comunidad serrana de San Miguel Totolmaloya, al sur del Estado de México. Durante el mes siguiente, el cólera llegó a Chiapas. Según los datos oficiales de la Dirección General de Epidemiología de la SSa, en 1991 se registraron en este estado 322 casos confirmados de cólera (es decir, confirmados con prueba de laboratorio realizada por el InDRE), lo cual significaba una incidencia de 12.58 por 100,000 habitantes.¹¹ Ese año, los estados más afectados fueron Tabasco, Hidalgo, Yucatán y Chiapas. Al representar los valores de la incidencia anual por estados en un mapa, es posible identificar espacialmente las zonas más afectadas por el cólera, que ese año fueron principalmente los estados del sureste mexicano, mientras que en los núcleos urbanos con mayor infraestructura sanitaria la incidencia fue nula o casi nula.

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte del formato de notificación semanal EPI-1-85, Dirección General de Epidemiología/SSa, 2025. Incidencia por 100,000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte del formato de notificación semanal EPI-1-85, Dirección General de Epidemiología/SSa, 2025. Incidencia por 100,000 habitantes.

A partir de 1991, el cólera se transmitió localmente en Chiapas. La gráfica muestra que, entre 1991 y 1992, hubo una primera fase de expansión; hacia 1993 la incidencia se disparó hasta llegar a 37.76 (por 100,000 habitantes) y en 1994 hubo un descenso; en 1995 la incidencia volvió a subir, incluso más que en 1993 (tabla 3, gráfica 4).

Este comportamiento podría mostrar que la pandemia en Chiapas estuvo caracterizada por dos olas cuyos picos sucedieron en los veranos de 1993 y 1995, respectivamente, mientras que entre 1996 y 1997 la incidencia anual (por 100,000 habitantes) bajó de 9.42 a 3.17, hasta llegar a cero en 1998. No obstante, también es posible pensar en algún tipo de subregistro para el año 1994, ya que la tendencia a la baja fue generalizada para todo el país y al año siguiente se presentó la mayor incidencia de toda la década. Esto pudo deberse a que, por un lado, 1994 fue un año complejo políticamente, ya que era el último año de la administración salinista y se firmaba el Tratado de Libre Comercio, por lo que existían presiones para mostrar una imagen de estabilidad frente a la integración económica; además, el levantamiento zapatista interrumpió los servicios de salud en algunas zonas que, aunque escasos, realizaban las notificaciones de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Por otro lado, el repunte en el número de casos hacia 1995 coincide con el primer año del gobierno de Ernesto Zedillo, el cual se enfrentó a una severa crisis económica que tuvo consecuencias para la salud de los mexicanos, ya que el gasto público en este rubro se redujo, y afectó principalmente a las poblaciones no aseguradas y marginadas, como es el caso de Chiapas (Lara et al., 1997: 107).

Fuente: Elaboración propia con información del reporte del formato de notificación semanal EPI-1-85, Dirección General de Epidemiología/SSa, 2025.

La época del año en la que más casos de cólera se presentaron, a lo largo del periodo, fue el verano. La gráfica 5 muestra un repunte de los casos a partir de los meses abril y mayo, mientras que el pico más alto se alcanzaba en agosto y, de septiembre en adelante, se presentaba un descenso. La aparición de nuevos casos coincidía con la temporada de lluvias y de calor. Esto se debe a que las lluvias pueden arrastrar desechos fecales hasta las fuentes de agua para consumo, como ríos, lagos, manantiales o pozos; la relación entre las lluvias y el cólera aumentaba por las condiciones precarias de saneamiento en el estado. Por ejemplo, en el ejido La Libertad, un asentamiento rural de cerca de 6,000 habitantes, solo 16 viviendas tenían letrinas y algunas más, fosas sépticas. La mayoría de las personas carecían de drenaje y agua potable. En esta localidad, el primer brote comenzó en julio de 1991; los pobladores mencionaron que una docena de personas adultas fueron hospitalizadas; sin embargo, la médica Rosa María Vargas, encargada de la clínica local, negó a un reportero que hubiera casos positivos (Arguello, 1998: 16).

En Ciudad Hidalgo, el brote inicial fue de cuarenta personas, y una de ellas falleció por deshidratación ya que no contaba con los medios para ser trasladada a la clínica más cercana. El director de la Unidad de Medicina Familiar número 5 del IMSS, el médico Antonio Velázquez Zaizar, declaró ante la prensa: “las posibles fuentes de contagio fueron el fecalismo al aire libre y la contaminación de los mantos acuíferos, pozos y, en especial, las aguas del Río Suchiate, además de las precarias condiciones de higiene y que los desechos y aguas negras van a dar a este lugar” (Arguello, 1998: 16).

Fuente: Elaboración propia con información del reporte del formato de notificación semanal EPI-1-85, Dirección General de Epidemiología/SSa, 2025.

Los grupos de edad más afectados durante la epidemia en Chiapas fueron los jóvenes y los adultos, especialmente de 25 a 44 años (gráfica 6); esto pudo deberse a que sus hábitos, estrechamente relacionados con el entorno y el contexto socioeconómico, los hicieran más susceptibles a la infección. Por el trabajo, regularmente en las fincas productivas o en las compañías madereras (conocidas como monterías), estas personas debían estar más tiempo fuera de casa, a veces temporadas completas como en el caso de las cosechas, y dormir hacinadas en alojamientos improvisados o las llamadas galeras. Además, la alimentación era precaria y sin higiene, y el agua para beber estaba probablemente contaminada por la práctica del fecalismo al aire libre.

De esta manera, que los adultos jóvenes fueran más susceptibles al cólera no respondía a hábitos individuales, sino a condiciones insertas en un contexto social más complejo, configurado históricamente. Antonio García de León describió la estructura de la complicada vida laboral en Chiapas, marcada por la persistencia de formas de servidumbre agraria, precariedad y explotación en fincas y monterías. En esos contextos el saneamiento era prácticamente inexistente, como resultado de un sistema económico que combinaba modernización desigual con prácticas heredadas del latifundio y el peonaje (García de León, 1997: 13-14).

Fuente: Elaboración propia con información del reporte del formato de notificación semanal EPI-1-85, Dirección General de Epidemiología/SSa, 2025.

De acuerdo con la información recabada por la Dirección General de Epidemiología mediante el formato de notificación semanal EPI-1-85, la institución que más casos reportó fue la SSa, seguida del IMSS y otras, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) notificó muy pocos casos. Aunque no se tiene el dato explícito sobre las otras fuentes de notificación, es probable que se tratara de instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (gráfica 7).

La distribución institucional de los casos notificados muestra una perspectiva de la estructura territorial y social del acceso a la salud en Chiapas. Aunque la Secretaría de Salud concentró la mayoría de los reportes (76%), la proporción atribuida al IMSS (13%) y a otras instituciones (11%) debe interpretarse considerando que, en ese periodo, el IMSS incluía tanto su modalidad ordinaria (para trabajadores formales) como IMSS-Solidaridad (dirigida a poblaciones rurales y marginadas), lo que implica que todas estas instituciones atendían esencialmente al mismo perfil poblacional sin seguridad social formal, disperso en zonas rurales e indígenas. Es posible que la variación en las fuentes de notificación responda a la disponibilidad desigual de servicios en el territorio: algunas localidades contaban con clínicas del IMSS-Solidaridad, otras con unidades de la SSa o servicios asistenciales como los del DIF, mientras que muchas carecían de infraestructura y dependían de centros cercanos. La ausencia de notificaciones del ISSSTE refuerza que la enfermedad afectó principalmente a poblaciones marginadas caracterizadas por la fragmentación y la cobertura limitada del sistema de salud.

Cabe destacar que las cifras oficiales del cólera no eran acordes a lo que dijeron observar algunas personas y periodistas. Por un lado, el párroco Pedro Curiel, de Huehuetán, dijo a la revista Proceso que había enviado a diversas autoridades, locales y federales, los resultados de laboratorio que indicaban que el agua de los ríos del Soconusco estaba contaminada, y al no haber agua potable, ni educación higiénica, los miles de pobladores que se abastecían de ella estaban en constante riesgo.

El sacerdote señaló que en varios pueblos fronterizos las familias veían a sus hijos pequeños morir de cólera mientras que los médicos locales registraban esos casos como “simples diarreas”. Indicó: “…son comunidades sin agua potable ni drenaje, cuya población defeca al aire libre y vive en el hacinamiento”; también dijo: “… aquí los médicos no quieren que se sepa el número de enfermos con cólera. Dicen que lo hacen por instrucciones superiores y para no causar alarma”. Además, se esperaba que en noviembre llegaran 60 mil jornaleros guatemaltecos para la cosecha del café, lo que podría empeorar las condiciones de salud (Vera, 1991: 24). Por otro lado, de acuerdo con Mildred Arguello, durante la epidemia en Chiapas, no solo los médicos guardaron silencio sobre las cifras, también los dueños de fincas productoras de café, mango y plátano se oponían a la divulgación de noticias sobre el cólera porque no querían que sus ventas se vieran mermadas (1998: 10).

La violencia en el estado aumentaba la vulnerabilidad de la población. Tras el levantamiento del EZLN hubo manifestaciones de represión contra las personas que apoyaban a los rebeldes. José Saramago escribió en el prólogo de Nuestra arma es nuestra palabra:

…millares de indígenas, expulsados de sus casas y de sus tierras por el ‘imperdonable delito’ de ser simpatizantes silenciosos o confesos del Frente Zapatista de Liberación Nacional, están amontonados en campamentos de barracas improvisadas donde la comida falta, donde la poca agua de que disponen está casi siempre contaminada, donde enfermedades como la tuberculosis, el cólera, el sarampión, el tétano [sic], la neumonía […] van diezmando adultos y niños, todo esto ante la indiferencia de las autoridades y de la medicina oficial (2001: 30).

Como una medida para contener el zapatismo en el estado, las autoridades hicieron un tipo de pacto con algunas comunidades, gracias al cual los pobladores obtuvieron beneficios como infraestructura básica a cambio de su voto al partido oficial. Es el caso de la localidad Frontera Corozal, donde, de acuerdo con el estudio de José Andrés García, aunque había sido fundada en 1978, permaneció en un estado de abandono institucional hasta la década de 1990. Entonces se dotó a la comunidad de caminos y calles, así como un servicio de obtención y distribución de agua, si bien era insuficiente. Frontera Corozal se ubica en una zona económica estratégica y, a partir de 1994 empezó a recibir beneficios a través de diversos proyectos productivos; desde entonces, la comunidad se mostró como aliada del partido oficial y manifestó su rechazo al EZLN y a los católicos que siguen la teología de la liberación (García, 2000: 198-201).

En un contexto sanitario tan crítico para la entidad, no solo por la epidemia de cólera sino por la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, las dinámicas de clientelismo político tenían un impacto negativo, ya que profundizaban las desigualdades y la marginación. La construcción de infraestructura no debía otorgarse como un favor político para unas cuantas localidades, pues era una necesidad urgente de salud pública.

Aunque los últimos casos de cólera, en ese periodo, se registraron en 1997, otras enfermedades gastrointestinales siguieron cobrando víctimas, lo que en gran medida se debe a la persistencia de condiciones de marginalidad que siguen sin ser atendidas. En la actualidad, la salud sigue siendo una de las principales demandas de las comunidades zapatistas: “queremos que haya clínicas y hospitales en nuestras comunidades, que haya medicinas y doctores que nos atiendan bien, porque nos estamos muriendo de enfermedades curables” (Declaración de la comunidad San José el Paraíso, 2023).

Tras el levantamiento del EZLN en 1994, y hasta 1998 hubo una toma masiva de tierras en Chiapas, lo que Aaron Bobrow-Strain (2015: 19-20) llama la “recampecinización” y “reindigenización” de la tenencia de la tierra, o un proceso de “reterritorialización”, desde la perspectiva de Leff (2003: 7). Antes de ello, desde el siglo XIX terratenientes y comerciantes mantenían un dominio inquebrantable sobre los gobiernos municipales; tras la apertura política después del levantamiento del EZLN y la ocupación de tierras, entre 1994 y 2001, los líderes indígenas lograron ejercer poder político y con ello, la expulsión de grandes terratenientes del estado (Bobrow-Strain, 2015: 20).

La recuperación y toma de tierras estuvo fundada en una reforma agraria caracterizada por su complejidad y pluralismo. De acuerdo con datos oficiales del INEGI, después del levantamiento del EZLN la propiedad social en Chiapas aumentó en más de 370 mil hectáreas; los ejidos y tierras comunales aumentaron de 2,070 núcleos agrarios en 1991 a 2,824 en 2007. En el mismo periodo, otros estados de la República más bien presentaron números negativos después de la reforma a la Ley Agraria de 1992. Sin embargo, la crisis agrícola se ha recrudecido, muchas de las tierras recuperadas están deterioradas ecológicamente por la ganadería extensiva que ahí se practicó, otras no cuentan con vías de comunicación o servicios básicos (Núñez et al., 2013: 44, 46, 48).

La hegemonía se desplazó a las comunidades zapatistas donde se instalaron juntas de buen gobierno. Como indica el trabajo de Sergio Gallegos y Carol Quinn (2017), a partir de entonces se comenzó a construir un sistema de salud autónomo que buscaba romper con las prácticas discriminatorias y paternalistas del modelo estatal. Antes, el acceso a la salud estaba mediado por instituciones como el IMSS y la Secretaría de Salud, cuyos servicios eran escasos, centralizados y profundamente marcados por el rechazo hacia los saberes indígenas, especialmente los de las mujeres. En contraste, el nuevo sistema impulsado por el EZLN se basó en la formación de promotoras de salud, el uso de medicina tradicional, la prevención comunitaria y la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. Esta transformación articuló además una epistemología de resistencia que reivindicaba el conocimiento local, la autonomía y el derecho a una vida digna.

Como señala Melissa M. Forbis, existía una desconfianza al sistema de salud estatal, pero no porque los indígenas rechazaran la medicina occidental como práctica curativa, sino porque en las instituciones eran discriminados e incluso humillados por ser estas espacios de dominación vinculados a prácticas colonialistas y neoliberales (2011: 403). Una publicación reciente en Enlace Zapatista reproduce el testimonio de “doña Juanita”, una mujer que trabaja con promotoras de la salud en Chiapas, y que confirma que hay un interés por incorporar tecnologías y prácticas occidentales con la medicina tradicional:

La sistema [sic] solo nos enseñó a mal morir y la lucha nos enseñó a vivir. Difícil seguir el camino de la muerte, y más difícil caminar la vida. Pero más alegre la lucha, porque te hace que miras lejos. Por ejemplo, la salud. Antes la enfermedad solo terminaba con la muerte, y nuestra medicina solo retrasaba un poco que somos difuntos. Ahora hay muchas formas de salud. Empezando desde abajo, así como se levanta una champa. Bueno, eso pienso yo. Así dice mi cabeza. Por eso es bueno que las jóvenas [sic] aprendan de la salud. Porque ese camino es largo y es de vida. Pero que no solo de plantas medicinales, porque hasta yo sé de eso. Es de cosas nuevas, de laboratorios y esos aparatos raros que oyen lo que dice tu tripa. De abrirle la panza a un hermano, sacarle el mal y remendarlo como se remienda la nagua (Enlace Zapatista, 2024).

El zapatismo puede leerse como una expresión de la racionalidad ambiental propuesta por Enrique Leff (2019: 65-67), en tanto sostiene una defensa del territorio basada en saberes indígenas y prácticas comunitarias que cuestionan la lógica extractiva del capital. Frente a la racionalidad económica, basada en la mercantilización de los recursos, el movimiento zapatista ha impulsado una racionalidad alternativa que se sustenta en la reapropiación social de la naturaleza, la autonomía y la gestión colectiva del territorio.

Consideraciones finales

El análisis histórico desarrollado en este artículo permite comprender que la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y rurales en Chiapas, a la llegada de la séptima pandemia de cólera, no era el resultado de factores circunstanciales o biológicos aislados, sino de procesos de larga duración que habían configurado el territorio de una manera desigual, con graves consecuencias para el medio ambiente y la población. El recorrido histórico del estado, desde el régimen finquero del siglo XIX hasta el extractivismo y las reformas neoliberales del siglo XX, muestra que las interacciones entre poder, tierra y recursos naturales han estado marcadas por el despojo, la subordinación, la explotación y el abandono institucional. La persistencia de estas formas de dominación explica, en gran medida, la pobreza y desigualdad en la región, así como la alta incidencia de enfermedades relacionadas con la precariedad de las condiciones de vida y la reducida capacidad de respuesta frente a una epidemia como el cólera.

Las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por la expansión de la ganadería extensiva y la explotación de gas, petróleo y maderas, actividades orientadas al crecimiento económico, las cuales consolidaron un modelo de desarrollo basado en el extractivismo que involucraba la concentración de poder económico y político en manos de élites locales y actores externos, mientras que las comunidades enfrentaban los costos ambientales y sanitarios de ese modelo de desarrollo. La lógica de acumulación detrás de esas prácticas era una racionalidad económica que imponía una configuración del territorio enfocada en la rentabilidad y que subordinaba los ciclos ecológicos y el bienestar de las personas indígenas y campesinas.

Las condiciones de vida y marginación documentadas en el Censo General de Población y en los indicadores oficiales de CONAPO muestran que la desigualdad formaba parte del territorio. La baja cobertura de servicios de agua potable y drenaje evidencian el abandono institucional; en ese contexto, la epidemia de cólera encontró en Chiapas un terreno propicio para su propagación. La precariedad de los servicios básicos se articulaba con otros factores que complejizaban aún más este territorio fronterizo, marcado por un flujo constante de personas debido a los desplazamientos forzados, la migración transnacional y la movilización social. Estas dinámicas, atravesadas por disputas territoriales y explotación laboral, amplificaban el riesgo epidemiológico.

El estudio aportó una perspectiva que vincula la historia sanitaria con los procesos territoriales de larga duración, aplicando los principios de la ecología política a un caso epidémico concreto. Este enfoque puede contribuir a analizar y complejizar las crisis sanitarias o ambientales del pasado, y también los desafíos contemporáneos que enfrenta la región. Chiapas constituye un caso paradigmático de injusticia socioambiental, donde la disputa por el territorio y los recursos naturales continúa siendo un eje central para entender las tensiones políticas, económicas y sociales que atraviesan al estado.

Como limitación de esta investigación, se reconoce la ausencia de trabajo de campo directo. No obstante, el análisis documental permitió reconstruir una red compleja de vínculos entre salud, ambiente y poder. Futuras investigaciones podrían profundizar en enfoques participativos y comunitarios que visibilicen las voces y saberes locales, y que permitan tensionar las narrativas oficiales, enriqueciendo el análisis de la justicia ambiental en contextos marcados por la desigualdad estructural.

Agradecimientos

Agradezco a mi colega Orvelin Osorio por sus comentarios al primer borrador de este trabajo, así como a la editora del presente dossier, Ana María Carrillo, y a los dictaminadores anónimos por sus valiosas sugerencias.

Notas

1. 1. Este trabajo forma parte de la investigación desarrollada en el marco de una tesis doctoral.
2. 2. Las referencias correspondientes a las notas periodísticas consultadas en la Hemeroteca Miguel Lerdo de Tejada carecen de número de página, dado que se trata de recortes de prensa pertenecientes a la Colección de Archivos Económicos.
3. 3. En Estados Unidos existió un movimiento de justicia ambiental –también llamado justicia ecológica– impulsado principalmente por comunidades afroamericanas, pueblos originarios como los navajo y grupos hispánicos vinculados a luchas históricas como la del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos liderado por César Chávez. Estas comunidades protestaron contra la contaminación nuclear, el uso de pesticidas como el DDT y la instalación de infraestructuras tóxicas en sus barrios –como el caso de mujeres en Los Ángeles que se opusieron a la construcción de un incinerador de basura que iba a liberar dioxinas, y lograron detenerlo–. Este movimiento se articuló en torno a la denuncia del racismo ambiental, entendido como la carga desproporcionada de contaminación en zonas habitadas por personas racializadas (Martínez Alier, 2002: 105).
4. 4. Este término se ha empleado para referirse a individuos o comunidades a quienes la sociedad les ha asignado una categoría racial que los somete a un trato desigual y discriminatorio a través del racismo sistémico. De acuerdo con Stuart Hall (2019: 53-58), la raza no debe entenderse como una realidad biológica, sino como un fenómeno histórico-social basado en un sistema de clasificación y jerarquización que tiende a naturalizarse discursivamente.
5. 5. La mortalidad infantil se refiere a las muertes de niños antes de cumplir un año.
6. 6. Archivo General de la Nación (AGN), “Secretaría de Gobernación en Chiapas, 13 de mayo de 1985”, fondo Secretaría de Gobernación S. XX, sección Dirección Federal de Seguridad, serie: fichero 64, unidad de instalación: cajón 7 (Secretaría de Educación Pública-Secretaría de Gobernación), 2 fojas.
7. 7. Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (AHSSA), “Acuerdos 9 de mayo de 1991, Situación actual del cólera en las Américas”, fondo Secretaría de Salud, sección Secretaría Particular, caja 751, expediente 10, 3 fojas, 1991.
8. 8. Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (AHSSA), “Especificaciones para el uso de los formatos de vigilancia epidemiológica internacional para pasajeros y tripulación procedente de áreas infectadas por cólera (Tarjeta de vigilancia de cólera)”, fondo Secretaría de Salud, sección Secretaría Particular, caja 723, expediente 4, 1 foja.
9. 9. Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (AHSSA), “Acuerdos del subsecretario con el secretario del ramo. Acciones preventivas del cólera, acuerdo del 27 de marzo de 1991”, fondo Secretaría de Salud, sección Secretaría Particular, caja 754, expediente 2, 1 foja, 1991.
10. 10. Centro Único de Información (CUI) “Ignacio García Téllez”, “Panorama delegacional zona 2: situación del cólera”, octubre de 1991. Dependencia 104, fondo 4, subfondo 95, carpeta 5, inventario 12527, ubicación 5-30.
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12. 12. Las notas periodísticas sin página (s. p.) fueron consultadas en la Hemeroteca Miguel Lerdo de Tejada. Forman parte de la Colección de Archivos Económicos, la cual está conformada por recortes de periódicos, y por esa razón no es posible identificar la página.

Referencias

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