La personificación de las instituciones: esfera civil y derechos humanos en el caso Ayotzinapa

Introducción

La desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, así como el asesinato de otros tres estudiantes y tres civiles más, producto de una serie de ataques coordinados por parte del grupo criminal Guerreros Unidos en asociación con servidores públicos municipales, estatales y federales –tanto civiles como militares– (GIEI, 2022; 2023), ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fue uno más de los múltiples acontecimientos que se inscriben en el contexto de violencia que se vive en México actualmente. Sin embargo, a diferencia de otros, este episodio provocó una ola de movilizaciones, protestas e indignación sin precedente en la historia nacional reciente (Gravante, 2018), las cuales plantearon una crisis de legitimidad al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y tuvieron importantes consecuencias en la vida política nacional (Ruano, 2019).

Frente a la incapacidad del gobierno estatal para dar con el paradero de los normalistas y detener a los responsables, las exigencias para que el gobierno federal atrajera la investigación tomaron fuerza y se acompañaron de fuertes críticas hacia el expresidente. De modo que, tras su negativa inicial, el 5 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la atracción de la investigación. No obstante, lejos de encontrar una resolución, el caso devino en una larga y fuerte disputa, pues las familias de los normalistas, así como sus representantes y parte importante de la población mexicana, externaron su desconfianza hacia la conducción de la investigación oficial, considerando sus conclusiones como falsas (La Jornada, 2014). Consecuencia de esta disputa, el 12 de noviembre, se firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir del cual se conformaría el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor consistiría en brindar asistencia técnica internacional al gobierno en la investigación a partir de marzo de 2015. Además, el 27 de febrero de dicho año, Jesús Murillo Karam sería sustituido como procurador general de la República (Aristegui Noticias, 2020).

Ante la interrogante de por qué Ayotzinapa logró causar tanta indignación y solidaridad con las víctimas, surgieron diversos esfuerzos académicos por responder dicha pregunta. Por un lado, un conjunto de trabajos –desarrollados desde la sociología cultural de Jeffrey Alexander (2006; 2011; 2012)– argumenta que la desaparición de los normalistas se configuró como un trauma cultural para la sociedad mexicana. Arteaga (2018), por ejemplo, examina la manera en que las familias de las víctimas y colectivos acompañantes consiguieron representar exitosamente la naturaleza del dolor y sufrimiento, pero no atribuir de manera incuestionada la responsabilidad del crimen a quienes señalaban como perpetradores, generando “un proceso incompleto de la construcción del trauma y a una respuesta parcial a las demandas de justicia [...] además de solidaridades diferenciadas y segmentadas” (Arteaga, 2018, pp. 340, 342). En sentido similar, Gravante (2018) argumenta que emergió una nueva narrativa social que guio la construcción de una realidad caracterizada por una búsqueda de seguridad a través de la solidaridad y el sentido de comunidad, además de erigirse como un puente entre diversos eventos violentos que previamente se encontraban desconectados. En otra investigación, Gravante y Poma (2019), concluyeron que emociones como el dolor, la rabia y el miedo fueron las que movilizaron a las personas e influyeron en la emergencia de una identidad colectiva fundada en la empatía con las víctimas, ampliando el círculo del nosotros y las redes de solidaridad.

Desde otra óptica, Escalante y Canseco (2019) sugieren que la conmoción causada por la desaparición de los normalistas se debió a que el episodio fue interpretado automática y mecánicamente como reproducción de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, por lo que se insertó como parte de una cadena de eventos donde al Estado se le representa como injusto, autoritario y represivo.

Estos trabajos proponen algunas explicaciones de por qué el caso conmocionó y movilizó a sectores sociales como hace tiempo no sucedía. Sin embargo, poco se ha indagado en el papel de otros actores que, considero, pudieron haber jugado un rol relevante para ello: el de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos que acompañan y representan jurídicamente a las familias de los normalistas desde los primeros días tras los hechos, específicamente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Si bien es cierto que otros trabajos sí centran su análisis en dichas organizaciones, lo hacen enfocándose en su labor en el contexto de las formas alternativas de representación en las democracias (Cárdenas, 2018) o en los efectos de su activismo legal trasnacional (López e Hincapié, 2016). Algunos más han profundizado en sus esfuerzos para subvertir la visión de que los casos de desaparición forzada son sucesos aislados (Velasco, 2015). Más recientemente, desde la teoría de la movilización de recursos, Varela (2022) se ocupa precisamente de señalar la importancia del Centro Prodh para que el caso cobrara relevancia mediática y permaneciera en la agenda pública largo tiempo.

En ese contexto, la presente investigación se propuso indagar sobre el papel que estas instituciones pudieron haber jugado en la disputa en cuestión, por lo que tuvo como objetivo conocer, también desde la sociología cultural, cuáles fueron las narrativas en competencia y los códigos binarios activados por algunos sectores sociales para interpretar y participar en la disputa en torno a la investigación oficial del caso, para determinar si el discurso de los derechos humanos movilizado por las ONG representantes tuvo influencia en la construcción de tales narrativas y códigos y, en consecuencia, en dicha disputa. Así, el interrogante central que guio la investigación fue el de ¿cuáles fueron las narrativas en competencia y los códigos binarios activados por algunos sectores sociales para interpretar y participar en la disputa en torno a la investigación oficial y qué relevancia tuvieron en ellos el discurso de derechos humanos proyectado por las ONG? Como hipótesis inicial se planteó que tal discurso tuvo un papel central para que el reclamo contra el gobierno consiguiera la legitimidad y la fuerza simbólica necesaria para disputar al gobierno la narrativa en torno a la investigación oficial.

Diseño metodológico

La investigación se dividió en dos apartados. En el primero, se analizaron el conjunto de performances y contra-performances realizados, por un lado, por el gobierno federal y, por el otro, por las familias de los normalistas en conjunto con las ONG representantes entre el 7 de noviembre del 2014 y el 29 de enero de 2015. Con ese fin, se recuperaron un total de ocho conferencias de prensa brindadas por los actores, así como dos comunicados de prensa. El periodo seleccionado obedece a que la oficialización de la llegada del GIEI puede considerarse como indicador de que la investigación oficial ya generaba desconfianza en parte considerable de la población, por lo que fue en este periodo donde su legitimidad fue disputada.

En el segundo apartado se analizó cómo dichos performances fueron interpretados en columnas de opinión de periódicos de circulación nacional, recuperándose y examinándose un total de 222 columnas. Para ello, se realizó una búsqueda hemerográfica de los principales periódicos de circulación nacional en los que fueron publicadas columnas que retomaban los performances analizados; específicamente, los de Capital México, Diario Imagen, Diario Impacto, El Economista, El Financiero, El Gráfico, El País, El Sol de México, El Universal, Excélsior, La Crónica de Hoy, La Jornada, La Prensa, La Razón, Más por Más, Metro, Milenio, Ovaciones, Reforma, Revista Proceso y 24 Horas. El análisis hecho a estos documentos fue uno de tipo cualitativo, siguiendo la propuesta metodológica de la esfera civil (Alexander, 2006), con la cual se buscó identificar cómo fueron imputados motivos, relaciones e instituciones civiles y anti civiles tanto a las familias y sus representantes como al gobierno federal. Lo anterior, permitió conocer la manera como se construyeron los discursos en competencia y los códigos binarios que proporcionaron las categorías para clasificar los posicionamientos de cada uno de los actores como puros (civiles) o impuros (anti civiles) y determinar si el discurso de derechos humanos fue incorporado a ellos, así como la autenticidad atribuida a cada uno de los performances.

En ese sentido, el presente artículo comienza con una breve descripción del corpus teórico de la sociología cultural y los conceptos de esfera civil y performance que guiaron la investigación. Posteriormente, se realiza una sucinta reconstrucción del caso Ayotzinapa, con especial atención a aquellos performances que se analizaron y que comprenden el periodo estudiado. Tras ello, se exponen los hallazgos, donde se describe la existencia de un código binario personalista sobre el que se construyeron dos narrativas en contienda, ambas teniendo a Peña Nieto como figura central. Una a favor del movimiento por Ayotzinapa, que planteaba que la desaparición de los estudiantes se trató de un crimen de Estado y la investigación oficial era una fabricación que pretendía encubrir la participación de agentes federales, así como de proteger la imagen del expresidente frente a la opinión pública. La segunda, a favor del gobierno federal, aseguraba que el ataque y la desaparición fueron cometidos por el crimen organizado en asociación con autoridades locales corruptas, por lo que el gobierno federal había cumplido con esclarecer lo sucedido y detener a los responsables, pero se enfrentaba a una campaña de desprestigio por parte de grupos oportunistas que utilizaban la situación para desestabilizar y afectar a Peña Nieto. Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación: que el discurso de derechos humanos tuvo una influencia prácticamente nula en la construcción de las narrativas y el código binario utilizados en la disputa; que dichas narrativas y código personalista muestran un proceso de personificación de las instituciones y personalización de la política; y que aunque la discusión pública del caso estuvo centrada en la contaminación del adversario, destaca la existencia de un estatus de pureza atribuido unánimemente al sufrimiento de las familias de los normalistas.

El Programa Fuerte de Sociología Cultural: esfera civil y performance

Los conceptos de esfera civil y performance forman parte del corpus teórico del Programa Fuerte de Sociología Cultural desarrollado por Jeffrey Alexander, cuya premisa central sostiene que la cultura debe ser entendida como una esfera que goza de autonomía con relación a otras y que tiene un poder explicativo propio de la acción, por lo que no depende ni está subordinada a otras fuerzas sociales, sino que interactúa con ellas y es capaz de incidir en ellas (Alexander, 2019), contando con una narrativa y códigos particulares que lo auto-sostienen y le permiten sostener dicha autonomía (Alexander, 2006; Arteaga, 2019). De esta manera, a las acciones e instituciones se les entiende como estructuradas por un entramado de redes de significado constituido por códigos, símbolos y narrativas, los cuales permean e influyen decisivamente en la intencionalidad y las acciones estratégicas de los agentes sociales. Entonces, la labor del sociólogo cultural consiste en reconstruir, mediante un acto interpretativo, dichas redes de significado para comprender el modo en que las personas hacen significativas sus vidas y sus relaciones, revelando cómo la cultura interactúa con otras fuerzas sociales (Alexander, 2019). Por otro lado, se insiste en que la preocupación por lo sagrado y lo profano, al igual que las narrativas heroicas, trágicas o apocalípticas, continúa organizando la vida cultural, por lo que se subraya la centralidad de los sentimientos solidarios y de los procesos rituales (Alexander, 2019).

En ese contexto, la teoría de la esfera civil sostiene que la solidaridad es el eje central de la vida democrática en las sociedades contemporáneas, y que se encuentra organizada, institucionalizada y sostenida por una estructura cultural enraizada en el centro de ellas: la esfera civil (Alexander, 2006). Por lo tanto, estas sociedades no están gobernadas únicamente por el poder ni son impulsadas solo por intereses particulares, sino que los sentimientos entre sus miembros se erigen como aspectos centrales del orden social. Esta estructura cultural está constituida por un conjunto de códigos, significados, narrativas, representaciones y discursos que condensa las aspiraciones y capacidades universalistas de solidaridad, de igualdad y de pertenencia de una sociedad, los cuales crean una fuerte identificación mutua entre individuos aun cuando estos se encuentran separados por cuestiones de clase, religión, etnicidad, etc. (Alexander, 2006; Arteaga, 2019). La esfera civil coexiste con otras distintas (la política, la económica, la religiosa, la familiar, la científica, etc.), cada una de las cuales se rige a sí misma por un código particular que la vuelve autónoma de las demás, aunque necesariamente interrelacionada. Y en tanto cada una promueve diferentes valores, las esferas no civiles y la civil no siempre coexisten armoniosamente, por lo que para mantener la democracia, para alcanzar la justicia y para sostener las aspiraciones de una comunidad civil suele ser necesario que lo civil intervenga las esferas no civiles (Alexander, 2006). Para ello, los valores, aspiraciones y representaciones generalizadas y abstractas de la esfera civil deben ser traducidas en formas concretas, particulares y sustanciales, de modo que el universalismo se ancle a los mundos de significado con los que la gente organiza y dota de sentido su experiencia cotidiana; formas que sostienen representaciones colectivas relativas al bien y al mal (Alexander, 2006).

Así, retomando la distinción binaria entre lo sagrado y lo profano (Durkheim, 2012) como elementos de clasificación social, Alexander (2006) propone la de ‘civil’ y ‘anti civil’ para caracterizar las imputaciones que se hacen desde la lógica interna del código simbólico de la esfera civil, que categoriza el mundo entre aquellos que son merecedores de inclusión y aquellos que no lo son, proporcionando las categorías estructuradas de lo puro y lo impuro dentro de las cuales se define el estatus y legitimidad de todo miembro potencial de la sociedad civil (Alexander, 2006).

Este discurso binario se despliega sobre tres niveles de la vida social: 1) Los motivos; el cual hace referencia a qué tipo de personas hay involucradas en una situación y a su comportamiento. 2) Las relaciones; inquiriendo sobre el tipo de relaciones que construyen los actores entre ellos. Y 3) Las instituciones, que remite a la comprensión social de las instituciones políticas o legales conformadas por los miembros de una sociedad (Alexander, 2006). De esta manera, las categorías, los códigos y las narrativas inscritas en la estructura de la esfera civil tienen que ser puestas en escena y aterrizarse en acciones, relaciones e instituciones específicas.

El polo positivo de este binario describe las cualidades simbólicas necesarias para sustentar la solidaridad y la vida democrática a la que aspira. El polo negativo amenaza la existencia de esta (Alexander, 2006). Ambos polos son empleados como referentes normativos de las comunidades políticas. Quienes se consideran miembros legítimos de una comunidad se definen a sí mismos a partir del positivo, al tiempo que definen a aquellos que no merecen pertenecer desde el punto de vista de la anti civilidad. Por lo tanto, es esta estructura binaria de la esfera civil la que provee el lenguaje de la cultura política, revelando el esqueleto de las estructuras sobre las que las comunidades sociales construyen las narrativas que orientan su vida política y dentro de la cual las problemáticas son enmarcadas y los reclamos por la legitimidad realizados (Alexander, 2011). En este sentido, la naturaleza de las figuras y los acontecimientos públicos se disputa discursivamente, donde se pugna por distribuirlos en la estructura binaria del discurso. El éxito o el fracaso de la proyección narrativa sobre el bien y el mal depende de una cuestión de poder performativo (Alexander, 2011).

El performance es definido como “el proceso mediante el cual los actores, individual o colectivamente, despliegan para otros el significado de su situación social” (Alexander, 2011, p. 28). Es decir, que las acciones son performativas en tanto comunican un significado a una audiencia, siendo la misión del actor que aquel sea interpretado como auténtico y razonable, interpretación en la cual, además de la dimensión interactiva, profundas cuestiones estructurales están involucradas (Alexander, 2011).

Un performance resulta exitoso cuando logra dar ante la audiencia una impresión de ser fluido, natural y verosímil, de que los actores están expresando intenciones y motivos auténticos y sinceros. En contraste, el fracaso resulta cuando es percibido como forzado o manipulado, resultando en sentimientos de decepción y desconfianza hacia los actores. Así, Alexander (2011) propone un modelo para identificar los distintos elementos del performance, entre ellos: los actores, los sistemas de representaciones colectivas, los medios de producción simbólica, la puesta en escena, el poder social y las audiencias. En las sociedades contemporáneas complejas y altamente diferenciadas, estos elementos se encuentran des-fusionados, por lo que, para constituirse como performances exitosos, es necesario que entren en un proceso de re-fusión. De modo que la autenticidad y la legitimidad de una acción son siempre un logro performativo (Alexander, 2011). En este proceso de re-fusión se ven involucradas la efectividad del guion, la simplificación cognitiva, la compresión ‘espacio-tiempo’, el reto de la puesta en escena, el antagonismo moral, el reto de la base material, el reto de la fusión del actor con su papel, y el reto de fusionar audiencia y texto performativo (Alexander, 2011).

Así, mientras individuos y colectividades dirigen sus acciones estratégicamente y movilizan sus recursos disponibles, su poder instrumental depende de uno de tipo cultural: las dimensiones simbólicas y pragmáticas están entrelazadas, “si el poder no va a ser coercitivo, debe ser performativo [...] los actores [...] deben encontrar la forma de hacer que sus audiencias crean en ellos” (Alexander, 2011, p. 89). El ejercicio del poder político no solo se trata de llevar a cabo las cosas (pragmática), sino de hacerlas ver legítimas y significativas (cultura). Entonces, mientras el discurso de la sociedad civil provee el vocabulario para el discurso político, los actores ponen el guion en acción. De modo que no es solo una cuestión de la estructura de la cultura, sino de su pragmática, de conjuntar significado y acción, de entender cómo la cultura produce performances significativos (Alexander, 2011), de ver cómo las estructuras culturales son movilizadas y transformadas en la acción misma.

Si bien la teoría de la esfera civil fue desarrollada teniendo como referencia a las democracias norteamericanas y europeas, lo cual podría levantar dudas sobre su aplicación en los contextos latinoamericanos, diversas investigaciones han argumentado su existencia y significativa institucionalización en el continente, aunque sea una que se encuentra lejos de realizarse en su totalidad, pues históricamente se ha encontrado amenazada por la fuerza anti civil de su pasado colonial, su particularidad geopolítica y las tensiones económicas, religiosas y étnicas que de ella se derivan (Alexander y Tognato, 2018), lo cual ha dotado a dichos países de la particularidad de que su experiencia política está caracterizada por la competencia y coexistencia entre discursos civiles y no civiles (Arteaga y Arzuaga, 2018).

Entonces, por medio de la pragmática cultural, que permite poner de relieve aquellos códigos sobre los cuales se construyen las formas narrativas que orientan una disputa política, esta investigación permite conocer los anclajes simbólicos de las narrativas proyectadas por cada uno de los actores en contienda y las contingencias y fuerzas simbólicas que brindaron a las familias y las ONG la capacidad de construir y proyectar un reclamo legítimo para disputar al gobierno mexicano la narrativa sobre la investigación oficial del caso.

El Caso Ayotzinapa

En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, el grupo criminal “Guerreros Unidos”, en asociación con servidores públicos municipales, estatales y federales –incluidos miembros del Ejército mexicano– llevaron a cabo una serie de ataques coordinados en diversos puntos del municipio; los cuales culminaron con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con el asesinato de otros tres de ellos y de tres civiles más, así como con más de 40 personas heridas (GIEI, 2015; 2022).

En los primeros días posteriores a los sucesos, las organizaciones Tlachinollan y, posteriormente, el Centro Prodh se acercaron con las familias y los compañeros de las víctimas para brindarles acompañamiento jurídico en su exigencia de justicia. Tras el paso de los días y ante lo que era considerada la incapacidad del gobierno estatal de dar con el paradero de los normalistas y detener a los responsables, las exigencias para que el gobierno federal atrajera la investigación tomaron fuerza y se acompañaron de fuertes críticas hacia el entonces presidente Peña Nieto, señalado de ser indiferente por su negativa de emplear todas las capacidades del Estado para la búsqueda de los estudiantes, anteponiendo el cuidado de su imagen frente a la opinión pública (Tlachinollan, 2014).

Finalmente, al tiempo que tenían lugar multitudinarias manifestaciones tanto dentro como fuera del país en repudio a lo acontecido, en las cuales se retrataba el hecho como un crimen de Estado, el 5 de octubre, la entonces PGR anunció que atraería la investigación. Ese mismo día, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aceptó, a petición de las familias y las organizaciones representantes, participar en el caso realizando trabajo relacionado con la búsqueda y análisis de restos óseos. (Navarrete, 2014).

Entre el 10 y el 29 de octubre se llevaron a cabo diversas reuniones entre altos funcionarios del gobierno mexicano con las familias de los estudiantes y sus representantes, además de conferencias iniciales donde se dieron a conocer los avances hasta entonces obtenidos. Sin embargo, a pesar de ello, tanto familias como ONG se mostraron inconformes y externaron su desconfianza hacia la manera en que se conducía la investigación (Redacción Animal Político, 2014). Como resultado de esas reuniones, destaca el compromiso suscrito por el expresidente Peña Nieto en el cual aceptó firmar el convenio para que la CIDH brindara asistencia técnico-legal al gobierno en la investigación (Petrich, 2014).

En ese escenario, el 7 de noviembre de 2014, la PGR, a través de su titular Jesús Murillo Karam, convocó a una conferencia de prensa para difundir los avances de la investigación. Ahí, señaló que tras creer que los estudiantes se dirigían a Iguala para boicotear un acto público de su esposa, el entonces presidente municipal habría ordenado a la Policía Municipal que los detuvieran. Tras lo cual los habrían entregado a miembros de Guerreros Unidos, quienes los llevaron a un lugar conocido como el Basurero de Cocula para asesinarlos e incinerarlos (Presidencia EPN, 2014). Desde el inicio de su conferencia, el exprocurador resaltó que el gobierno compartía con las familias y la sociedad el dolor y la indignación ante lo sucedido, y enfatizó que conducía la investigación con honestidad, transparencia y profesionalismo, recalcando que los representantes jurídicos de las familias tenían acceso total al expediente (Presidencia EPN, 2014).

Ante cuestionamientos de la prensa que sugerían la inverosimilitud de la versión ofrecida, el exprocurador resaltó su sustento científico. Y hacia el término del intercambio, al mencionar el moderador que había una última pregunta, el procurador lo interrumpió y dio por terminada la conferencia, expresando: “Muchas gracias, ya me cansé” (Presidencia EPN, 2014). Aunque, finalmente, reculó y terminó por escuchar y responder a la pregunta.

La respuesta por parte de las familias y sus representantes se dio a las pocas horas, quienes expusieron su postura ante la prensa. El abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, habló de la incapacidad mostrada por las autoridades para dar con el paradero de los estudiantes y detener a los responsables. Refirió: “Tuvimos que llegar hasta Los Pinos, exigiéndole al presidente para que cumpla con su responsabilidad. A más de 40 días seguimos con las dudas” (Gazeta TV, 2014). Posteriormente, las acusó de no realizar procedimientos científicos, por lo que las familias no aceptarían los resultados hasta que se tuviera certeza de su veracidad (Gazeta TV, 2014). Además, recriminaron al gobierno querer engañar a la población e incumplir los compromisos acordados (Gazeta TV, 2014).

Por otra parte, resaltaron la capacidad y legitimidad que los organismos internacionales de derechos humanos –particularmente el EAAF y la CIDH– sí tendrían en contraste con el personal del gobierno, particularmente en lo que atañe a la cientificidad de su labor y denunciaron las trabas puestas por el gobierno para la llegada de expertos independientes al país (Gazeta TV, 2014).

Días, después, el 18 de noviembre, en el Estado de México, Peña Nieto aprovechó un evento de inauguración de un centro de salud para afirmar que su gobierno emprendió “una investigación exhaustiva para dar con la verdad de los hechos y [mostraron] públicamente el [avance de] sus investigaciones” (Presidencia de la República, 2014a). Posteriormente, dedicó su discurso a reprobar las manifestaciones contra su administración, descalificando el uso de la violencia, las cuales estaban siendo utilizadas por terceros como intentos de desestabilización y subversión hacia su proyecto político, liderado por grupos con intereses oscuros (Presidencia de la República, 2014a). A pesar de ello, el 20 de noviembre, tendría lugar la que sería la jornada de movilizaciones más concurrida a nivel nacional de los últimos años (LAOMS, 2015) como muestra del repudio hacia la actuación de las autoridades en torno al caso.

Así el panorama, en un intento por revertir la desaprobación, el 27 de noviembre, Peña Nieto anunció diez medidas para impulsar la seguridad y el desarrollo en México y evitar acontecimientos similares. Comenzó haciendo alusión a su empatía y solidaridad hacia las víctimas, asegurando que compartía su exigencia de justicia. Asimismo, señaló la plena transparencia y apertura del gobierno en lo referente a la investigación del caso, reflejadas en el acceso al expediente y en la aprobación para la asistencia técnica de la CIDH. Por otro lado, reconoció que el país contaba con instituciones débiles, pero que trabajaba para transformarlas y calificó nuevamente a las manifestaciones contra su administración como injustificadamente violentas (Presidencia de la República, 2014b). Exponiendo una narrativa de la superación, el expresidente coincidió con los manifestantes en que Ayotzinapa debería tratarse de un punto de inflexión para el país. Finalmente, asumiéndose como parte de los agraviados, concluyó exclamando que “el grito de Todos somos Ayotzinapa demuestra ese dolor colectivo [...] es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad [...] es un llamado a seguir transformando a México” (Presidencia de la República, 2014b).

Como respuesta, las familias de los normalistas, en conjunto con el Centro Prodh, Tlachinollan y demás organizaciones, emitieron un comunicado afirmando que las medidas eran insuficientes para solucionar las crisis de derechos humanos y de corrupción en el país, acusando la ineficiencia de las instituciones del gobierno (Centro Prodh et al., 2014). Respecto a la investigación del caso, denunciaron que los resultados fueron obtenidos mediante procedimientos que carecían de la cientificidad necesaria, recriminaron al expresidente su falta de empatía y cercanía con las víctimas y enfatizaron el incumplimiento de los acuerdos realizados (Centro Prodh et al., 2014). Finalmente, señalaron su cerrazón para permitir la cooperación de otros actores en la investigación, como lo eran los propios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, cuya labor y recomendaciones deberían ser tomadas como referencia “para el diseño de políticas de búsqueda y justicia que atiendan este problema en el plano estructural” (Centro Prodh et al., 2014).

Una semana después, Peña Nieto acudió, por primera vez desde los sucesos, al estado de Guerrero. Ahí, convocó a la sociedad a realizar “un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante y superar este momento de dolor” (Presidencia de la República, 2014c), aprovechando la ocasión para expresar su solidaridad y asumir su responsabilidad para dar con los responsables. Para finalizar, declaró estar “en estrecha coordinación para que superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno” (Presidencia de la República, 2014c).

El 6 de diciembre de 2014, la Universidad de Innsbruck, en Austria, que colaboraba con las autoridades mexicanas en materia de análisis genético de restos óseos, anunció que una de las muestras que la PGR alegó haber encontrado en el Río San Juan fue identificada como perteneciente al normalista Alexander Mora. Ante tal información, la PGR sostuvo que se comprobaban científicamente las conclusiones de su investigación. Sin embargo, el EAAF mencionó que no existían pruebas de que los restos identificados provinieran efectivamente del Basurero de Cocula, puntualizando que ellos no estuvieron presentes al momento de su recolección (Méndez, 2014).

Pasado el mes de diciembre, en el cual continuaron las protestas ciudadanas, el 27 de enero de 2015, Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio –entonces director de la Agencia de Investigación Criminal– efectuaron nuevamente una conferencia donde confirmaron que los 43 estudiantes fueron detenidos por autoridades municipales, entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y llevados por estos al Basurero de Cocula, donde habrían sido asesinados, sus restos incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan. La novedad fue la afirmación de que el móvil del ataque fue haber sido confundidos con miembros del grupo delictivo rival Los Rojos (PGR, 2015). Enfatizaron haber realizado “una investigación que tiene un sustento científico fundamental” (PGR, 2015) y que habían cumplido con su responsabilidad de esclarecer lo sucedido:

Ha sido una investigación exhaustiva, profunda, seria, con muchas bases y muchos elementos que, concatenados, nos da la posibilidad de hacer la consignación por homicidio [...] conservando siempre un respeto a los derechos humanos de los detenidos y de las víctimas, apegados al debido proceso y las conclusiones se han basado en resultados científicos (PGR, 2015).

Además, dejaron en claro la transparencia, la apertura y el permanente diálogo y cooperación que habrían mantenido con las familias y sus representantes a lo largo de la investigación: “Tienen [...] el acceso directo a los 85 tomos y 13 anexos del expediente [...]; los representantes de los padres han estado en todo momento [...] pegados al expediente” (PGR, 2015). Finalmente, Murillo Karam sentenció:

Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia (PGR, 2015).

Unas horas después, las familias de los normalistas, en conjunto con Tlachinollan y el Centro Prodh, realizaron una conferencia de prensa en la que fijaron su postura. En ella, rechazaron considerar como definitivas las conclusiones presentadas, argumentando que contenían contradicciones, inconsistencias y falsedades, por lo que, más bien, se trataba de un intento de darle carpetazo al asunto. Vidulfo Rosales aseguró que la prisa del gobierno por cerrar el caso derivó en una investigación no concluyente “que tiene muchos puntos que deben esclarecer para alcanzar el grado de verdad histórica y certeza que los padres necesitan” (Gazeta TV, 2015). Destacaron que el gobierno federal mentía y no cumplía los compromisos suscritos con las víctimas. Y, refiriéndose a las movilizaciones, denunciaron “visos de represión en nuestro estado de Guerrero. Hoy nos están informando movimientos de tropas y Policía Federal […] para sofocar todos los movimientos alrededor de los padres de familia y los normalistas” (Gazeta TV, 2015).

También recriminaron que “no existe certeza científica de la muerte en el basurero de Cocula, [pues] esos peritajes debieron haber estado acompañados de expertos independientes, en este caso, los peritos argentinos” (Gazeta TV, 2015). Igualmente, refirieron que las instituciones se conducían con nulo respeto a los derechos humanos y remarcaron la incompetencia de la PGR por acusar a los implicados por secuestro y no por desaparición forzada, cuando esta última es la figura adecuada para establecer responsabilidad estatal en graves violaciones a derechos humanos (Gazeta TV, 2015).

Al día siguiente, familias y ONG enunciaron diez puntos técnico-jurídicos por los cuales no podía cerrarse el caso. Ahí, reiteraron su nula confianza en las instituciones gubernamentales por no respetar los acuerdos establecidos y reforzaron la acusación de falta de cientificidad en la investigación, así como el carácter ilegal y faccioso con el que operan las instituciones mexicanas encargadas de la justicia, las cuales “son especialistas en fabricar delitos” mediante tortura (CDH Miguel Agustín Pro Juárez, 2015), calificándolas de promotoras de la impunidad (Centro Prodh et al., 2015). Igualmente, remarcaron su incompetencia para garantizar el acceso a la verdad y señalaron a Murillo de ocultar la participación del Ejército en el crimen “pese a que [...] sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada” (CDH Miguel Agustín Pro Juárez, 2015). En el mismo tenor, acusaron a las autoridades de manejar la justicia bajo una lógica de cálculo político, buscando cerrar el caso a como diera lugar: “Los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los políticos” (CDH Miguel Agustín Pro Juárez, 2015). Finalmente, enfatizaron la confiabilidad, imparcialidad y competencia de los expertos de organismos internacionales de derechos humanos, a quienes debería tenerse como referencia para realizar una investigación adecuada y cuya intervención consideraban “indispensable, pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades” (CDH Miguel Agustín Pro Juárez, 2015).

El 30 enero, la CIDH anunció formalmente la conformación del GIEI, el cual iniciaría sus labores en el mes de marzo. Por otro lado, tras los cuestionamientos en torno a la incineración en el Basurero de Cocula, el EAAF publicó, el 7 de febrero, siete inconsistencias en la investigación de la PGR, señalando la inexistencia de elementos científicos para afirmar que los restos hallados ahí fueran de los estudiantes (EAAF, 2015). Como respuesta, la PGR aseguró la cientificidad de sus conclusiones y señaló que era inaceptable que se quisiera sembrar duda sobre lo ocurrido (Animal Político, 2015). El 27 de febrero, Murillo Karam fue sustituido como procurador general y, finalmente, el 2 marzo, los expertos del GIEI se presentaron en México para comenzar la verificación de la investigación, acudiendo a la Normal de Ayotzinapa, donde fueron recibidos por las familias y compañeros de los normalistas, el Centro Prodh, Tlachinollan y otros colectivos acompañantes (Aristegui Noticias, 2020).

Hallazgos: narrativas en disputa

Hecha esta reconstrucción y tras el análisis de las columnas de opinión que interpretaron estos performances de los actores en contienda, pudo identificarse que la audiencia construyó dos narrativas principales para interpretar el acontecimiento, las cuales tuvieron como centro al expresidente Peña Nieto y entraron en disputa por prevalecer como marco interpretativo dominante:

1. Pro-movimiento por Ayotzinapa: La desaparición de los estudiantes se trató de un

crimen de Estado y la investigación oficial del caso fue una fabricación que tenía el objetivo de encubrir la participación de agentes federales, así como de proteger la imagen de Peña Nieto nacional e internacionalmente.

1. Pro-gobierno: La desaparición de los normalistas fue cometida por el crimen or-

ganizado en asociación con autoridades locales corruptas, por lo que el gobierno federal había cumplido con esclarecer lo sucedido y detener a los responsables, pero se enfrentaba a una campaña de desprestigio por parte de grupos oportunistas que utilizaban la situación para desestabilizar y afectar al expresidente.

A continuación, se describen las imputaciones realizadas por la audiencia en el terreno de los motivos, las relaciones y las instituciones, mediante las cuales se construyeron los binarios movilizados que sirvieron de base para proyectar dichas narrativas en la disputa.

Conclusiones

Realizado el análisis del código binario y de las narrativas en competencia mediante las cuales la audiencia estudiada llevó a cabo la disputa por la legitimidad de la investigación oficial, puede afirmarse que el discurso de los derechos humanos fue nulamente incorporado a ellas para purificar o contaminar a los actores en contienda y enmarcar las problemáticas señaladas, a pesar de que en sus performances las ONG representantes evocaron dicho discurso, acusando a las autoridades de conducirse anti civilmente.

En cambio, se encontró la construcción de un código que he denominado personalista para interpretar la vida política y el ejercicio del poder, entendiendo por este uno que evalúa las acciones y capacidades de un gobierno, de una institución o de un sistema a partir de las cualidades personales de su titular. En ese sentido, quedó evidenciada una manera de entender el ejercicio de gobierno de forma piramidal, donde las incapacidades, deficiencias y limitaciones personales de quien se encontraba al frente de alguna institución pasaron a ser las incapacidades, deficiencias y limitaciones de esta; de la misma manera que sus virtudes, destrezas y capacidades pasaron a ser, casi en automático, las de su gobierno e instituciones; como si dichas cualidades descendieran desde el vértice y permearan al resto de la institución, en una suerte de personificación de las instituciones y de personalización de la política en general¹, lo cual resalta el hecho de que, además de existir una forma particular de ejercer el poder, existen también formas de interpretar dicho ejercicio. Lo anterior se hace evidente frente al tipo de narrativas proyectadas y ante la abundancia de las imputaciones hechas en clave individualista en las esferas de los motivos y relaciones en comparación con las hechas hacia las instituciones, realizándose los procesos de purificación o contaminación teniendo como referencia las cualidades personales de los actores. Así, si bien en la estructura general de la esfera civil el personalismo suele ser caracterizado como anti civil, como opuesto del bien común que sostiene la vida democrática, en este caso pudo observarse que, por el contrario, dicho código personalista fue una forma adoptada por el discurso de la esfera civil, imbricándose con él; pues, en vez de entrar en competencia, fue reconocido y utilizado como piso común en la construcción de las narrativas mediante las cuales la audiencia atribuyó pureza e impureza a cada uno de los actores.

De este modo, se mostró cómo, mediante este código, las figuras de Peña Nieto y de Murillo Karam condensaron todos los valores –puros o impuros– atribuidos al gobierno federal y a su investigación, por lo que las deficiencias o virtudes de esta última serían consecuencia de sus cualidades personales y no tanto de los sistemas político, jurídico o económico del país; mientras que en el caso de las familias y las ONG, las características personales de los representantes pasaron a definir la legitimidad o ilegitimidad de su acompañamiento jurídico y de sus exigencias. Así, fueron las propias cualidades individuales las que devinieron centrales y constituyeron el objeto de las narrativas en disputa, siendo la de Peña Nieto la más relevante dentro de la discusión pública: mientras la narrativa pro-gobierno fue una basada en la defensa del expresidente y del exprocurador, la narrativa pro-movimiento por Ayotzinapa estuvo constituida por un fuerte factor anti Peña, uno enmarcado y facilitado por su pertenencia al PRI y por su trayectoria política individual².

Entonces, puede afirmarse que los derechos humanos continúan siendo un marco interpretativo acotado al grupo social que lo practica y lo promueve. Si bien con el tiempo ha adquirido mayor legitimidad, todavía no ha sido apropiado lo suficiente como para que la audiencia analizada interpretara el suceso a través de este. No obstante, lo anterior no significa que la influencia de las ONG en esta contienda haya sido nula, sino que, como lo han indicado otros trabajos (Varela, 2022), esta se encontraría más en el terreno de la movilización de recursos y no tanto en el plano simbólico. En los términos de la sociología cultural, su influencia se encuentra en los ámbitos de los medios de producción y difusión simbólicas del performance, del poder social y de la base material, condiciones necesarias para el éxito performativo.

Por otro lado, destacó un claro predominio de las imputaciones anti civiles hechas hacia ambos actores en comparación con las civiles, lo que permite sugerir que la discusión en torno al caso –característica quizá generalizable a la discusión de los asuntos públicos del país– estuvo centrada en la descalificación y la contaminación del adversario más que en la purificación propia o de los aliados. Sin embargo, a pesar de ello, resalta la existencia de ciertas condiciones cuya pureza no fue cuestionada por ninguna de las partes, como la autenticidad atribuida al dolor de las familias de los estudiantes. Así, las imputaciones anti civiles –a excepción de aquella donde se les señaló de estar manipuladas –hechas hacia el movimiento por Ayotzinapa fueron en su mayoría dirigidas a sus representantes y a colectivos acompañantes que, se consideraba, utilizaban la causa en beneficio propio, pero no hacia las familias y su dolor. Y, cuando de ser caracterizados civilmente se trataba, esa pureza era extendida por parte de la audiencia a todo actor que las acompañara en su lucha, el Centro Prodh y Tlachinollan incluidos.

Dicho lo anterior, la presente investigación, al poner de relieve estos elementos de la cultura política mexicana, complementa las existentes sobre el tema y contribuye a comprender mejor algunos de los factores que abonaron a que la desaparición de los 43 normalistas adquiriera gran relevancia en la vida política nacional. Debido a limitaciones de tiempo o recursos en la realización de la investigación, así como aquellas propias de la audiencia seleccionada e incluso de la metodología de la sociología cultural, quedan abiertas para su futuro abordaje diversas cuestiones; entre ellas, la manera en que las narrativas se transformaron con la evolución del caso, analizar si el mismo discurso de derechos humanos fue retomado por otras audiencias, el estudio de los elementos de los performances realizados por los actores que posibilitaron su éxito o fracaso y, por último, la vinculación de los hallazgos de esta investigación con aquel conjunto de trabajos emergentes de sociología cultural llevados a cabo en Latinoamérica, particularmente en México, en los que se abordan los procesos de construcción de la esfera civil y los diferentes discursos preexistentes con los que entra continuamente en competencia o coexistencia, como el patrimonialismo y presidencialismo mexicanos.

Notas

1. 1. El concepto de personalización de la política refiere al fenómeno mediante el cual el político, en tanto persona, se convierte en el elemento clave para la interpretación de un proceso político, donde sus cualidades son codificadas como los indicadores de su valor político, del de su gobierno o institución (Rebolledo, 2017; Marcinkowski y Greger, 2002).
2. 2. En cuanto al PRI, debido a que se encontraba fuertemente asociado por parte importante de la población con el autoritarismo, la represión y la corrupción. En cuanto a su trayectoria, Peña cargaba con los señalamientos de represor a raíz del caso Atenco, ocurrido durante su administración en el Estado de México; además de una ríspida relación con los sectores estudiantiles, hecha patente en los movimientos #YoSoy132 –durante su campaña presidencial en 2012– y el del Instituto Politécnico Nacional, que se desarrollaba precisamente en los meses de septiembre y octubre de 2014. Sin dejar de mencionar la percepción negativa hacia su gobierno y su persona por las masacres de Tlatlaya, ocurrida apenas en junio del mismo año, y de Apatzingán, sucedida el 6 de enero de 2015, en plena tensión por el caso Ayotzinapa; así como las revelaciones hechas en noviembre de 2014 sobre un conflicto de interés en la compra de una lujosa propiedad en la Ciudad de México (Meyer, 2020; Guillén, 2017; Castellanos, 2015).

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